Por Alejandro Jasinski - [Publicado en El Cohete a la Luna]. La violencia como recurso empresarial para garantizar el orden, la producción y la rentabilidad. Combinación de interés e ideales. Enseñanzas del “Juicio a Ford”.
En la última audiencia se cruzaron testimonios de jefecitos, especialistas, ex trabajadores y familiares, que arman el rompecabezas de la cadena de mando empresarial y su combinación con la represión ilegal: desde el presidente que todo lo conocía hasta el supervisor que entregó a los trabajadores.
Las próximas citas son el 29 de septiembre a las 10, para reseñalizar la fábrica, y el 2 de octubre la inspección ocular, el regreso a Mordor.
Empresarios, marchen
En julio de 1983 la revista Siete Días publicó una filosa entrevista a un directivo de Ford España, que se encontraba refugiado en aquella filial hasta que fue descubierto y denunciado por su rol en un grupo de tareas de la ESMA. Había ocupado cargos directivos en Ford y Coca Cola en Argentina. De furiosa fe anticomunista, este gerente explicó que participó de la represión ilegal ˝por mi patria y por mis compañeros”. También “por los ideales”.
¿Qué actitud tomaría hoy frente al tribunal que juzga a sus compañeros de armas de la Ford? ¿Haría como Parmigiani, que en la última audiencia se definió como un simple “consultor externo” y olvidó decir que junto a Jorge Richard Zorraquín y Juan Tomás Pablo Cullen Crisol eran apoderados de la Ford Motor Company en las asambleas de accionistas y reuniones de directorio, en las que saludaban complacidos las políticas dictatoriales?
Ahora le tocó el turno a Luis Pérez. Desprolijo y desafiante, mostró el pedigrí que lo llevó a ser supervisor del personal conveniado y luego responsable frente a los delegados gremiales en la planta de Montaje. Su “nosotros” es el de la empresa. “Nos mataron”, “nos amenazaron”, “teníamos miedo”, reclama sobre la guerrilla. “Tenían muchísimos infiltrados en la fábrica”, le responde a la abogada defensora Adriana Ayuso, que le recuerda el nombre del gerente muerto a tiros en 1973: Luis Giovanelli.
Reconoce la existencia de fuerzas represivas en el predio fabril y en las plantas de producción y el uso del quincho de tortura. Se refiere a la seguridad a cargo de Héctor Sibilla y responde sin dar lugar a doble interpretación: “En las empresas no existe independencia de acción”. Afirma que conocía personalmente a Juan María Courard, el presidente: “Sabía todo lo que pasaba en la empresa”.
Lo que señala Pérez lo sugieren retrospectivamente las propias declaraciones de Courard en el New York Times en febrero de 1976: “Los terroristas no son sólo las guerrillas afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día”. Aquel artículo concluía que los ejecutivos creían necesario “el éxito de los actuales esfuerzos de las fuerzas armadas” para asegurar la productividad en las fábricas.
Pérez mira de frente a los acusadores aunque tiene que torcer incómodamente su cuerpo. Involucra al tribunal en su fastidio. Recuerda el nombre de los delegados, pero no que el golpe militar haya cambiado la ecuación laboral. “¿El 24 de marzo fue el golpe?”, pregunta y sostiene la provocación: “No cambió nada, seguimos fabricando autos.”
—¿Notó algo?
—No
—¿Se enteró de detenciones?
—No
—No le pregunto si presenció, sino si se enteró.
—Me hubiese enterado.
—¿Siguió en contacto con el cuerpo de delegados?—, pregunta cortante la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
Pérez abre la boca pero retrocede. Dice que el contacto se mantuvo “informalmente”. Luego agrega que supo de las detenciones por el Nunca Más.
El jefecito recuerda las discusiones por el convenio, con los delegados, con el sindicato, con los abogados del Estudio O’Farrell. Conoce a Parmigiani y a Richard Zorraquín, a Müller y a Sibilla, a Courard y a Uriel S. O’Farrell. La gran discusión de 1975, dice, fue por el valor de las horas-hombre de las diferentes categorías.
El testigo se retira. El tribunal decide un descanso. Pérez sale a la calle. Se cruza con los abogados defensores. Hacen comentarios y sonríen. “Nos gustó muchísimo su testimonio”, lo felicita Ayuso.
En julio de 1983 la revista Siete Días publicó una filosa entrevista a un directivo de Ford España, que se encontraba refugiado en aquella filial hasta que fue descubierto y denunciado por su rol en un grupo de tareas de la ESMA. Había ocupado cargos directivos en Ford y Coca Cola en Argentina. De furiosa fe anticomunista, este gerente explicó que participó de la represión ilegal ˝por mi patria y por mis compañeros”. También “por los ideales”.
¿Qué actitud tomaría hoy frente al tribunal que juzga a sus compañeros de armas de la Ford? ¿Haría como Parmigiani, que en la última audiencia se definió como un simple “consultor externo” y olvidó decir que junto a Jorge Richard Zorraquín y Juan Tomás Pablo Cullen Crisol eran apoderados de la Ford Motor Company en las asambleas de accionistas y reuniones de directorio, en las que saludaban complacidos las políticas dictatoriales?
Ahora le tocó el turno a Luis Pérez. Desprolijo y desafiante, mostró el pedigrí que lo llevó a ser supervisor del personal conveniado y luego responsable frente a los delegados gremiales en la planta de Montaje. Su “nosotros” es el de la empresa. “Nos mataron”, “nos amenazaron”, “teníamos miedo”, reclama sobre la guerrilla. “Tenían muchísimos infiltrados en la fábrica”, le responde a la abogada defensora Adriana Ayuso, que le recuerda el nombre del gerente muerto a tiros en 1973: Luis Giovanelli.
Reconoce la existencia de fuerzas represivas en el predio fabril y en las plantas de producción y el uso del quincho de tortura. Se refiere a la seguridad a cargo de Héctor Sibilla y responde sin dar lugar a doble interpretación: “En las empresas no existe independencia de acción”. Afirma que conocía personalmente a Juan María Courard, el presidente: “Sabía todo lo que pasaba en la empresa”.
Lo que señala Pérez lo sugieren retrospectivamente las propias declaraciones de Courard en el New York Times en febrero de 1976: “Los terroristas no son sólo las guerrillas afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día”. Aquel artículo concluía que los ejecutivos creían necesario “el éxito de los actuales esfuerzos de las fuerzas armadas” para asegurar la productividad en las fábricas.
Pérez mira de frente a los acusadores aunque tiene que torcer incómodamente su cuerpo. Involucra al tribunal en su fastidio. Recuerda el nombre de los delegados, pero no que el golpe militar haya cambiado la ecuación laboral. “¿El 24 de marzo fue el golpe?”, pregunta y sostiene la provocación: “No cambió nada, seguimos fabricando autos.”
—¿Notó algo?
—No
—¿Se enteró de detenciones?
—No
—No le pregunto si presenció, sino si se enteró.
—Me hubiese enterado.
—¿Siguió en contacto con el cuerpo de delegados?—, pregunta cortante la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
Pérez abre la boca pero retrocede. Dice que el contacto se mantuvo “informalmente”. Luego agrega que supo de las detenciones por el Nunca Más.
El jefecito recuerda las discusiones por el convenio, con los delegados, con el sindicato, con los abogados del Estudio O’Farrell. Conoce a Parmigiani y a Richard Zorraquín, a Müller y a Sibilla, a Courard y a Uriel S. O’Farrell. La gran discusión de 1975, dice, fue por el valor de las horas-hombre de las diferentes categorías.
El testigo se retira. El tribunal decide un descanso. Pérez sale a la calle. Se cruza con los abogados defensores. Hacen comentarios y sonríen. “Nos gustó muchísimo su testimonio”, lo felicita Ayuso.
Los especialistas
“Es impresionante cómo chocan los discursos y los regímenes de verdad”, ensaya una historiadora entre el público. Acaba de escuchar el testimonio del sociólogo Silvio Feldman, que se fue ovacionado después de librar una densa batalla contra los abogados defensores. “¿Usted infiere o conoce?”, “¿a qué le llama documentos?”, pregunta el abogado defensor Pablo Antonio Moret, que busca talar con una sierra de plástico un quebracho de cien años. La trayectoria de Feldman es extensísima. Fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), consultor de organismos nacionales e internacionales, presidente de asociaciones regionales y nacionales de sociología del trabajo y funcionario de Trabajo durante el alfonsinismo. Desde 2011 dirige el doctorado y maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y la UNGS.
Aclara y explicita sus fuentes, los límites de su investigación. Gajes del oficio. Hace doce años redactó un informe a pedido del tribunal. Ahora explica. Va y viene en el tiempo. Se remonta a la dictadura de 1966 y llega a los efectos en la organización y composición de la fuerza de trabajo en la actualidad.
El experto habla del modelo sindical argentino. Todo comenzó hace 70 años, podría decir, parafraseando a Marcos Peña Braun. Habla luego de la relación estratégica entre las Fuerzas Armadas y un sector del empresariado:
—El gobierno militar realizó una ofensiva drástica para debilitar estructuralmente la capacidad de presión de los trabajadores y los sindicatos.
Habla de los intereses compartidos y de las diferencias entre los actores de la alianza. En 1977, los empresarios “quisieron eliminar lisa y llanamente” la Ley de Contrato de Trabajo y toda estructura sindical, pero no pudieron. Feldman se refiere a “la cruenta represión a los cuadros sindicales”, al control policial en las fábricas, al disciplinamiento laboral y a la disminución drástica del ausentismo.
Asegura que determinadas empresas colaboraron en la política represiva, específicamente Ford. Cuando explica que la diferencia con Mercedes Benz es que en Ford la comisión interna no estaba enfrentada a la conducción nacional del SMATA, la defensa hace sonar el zafarrancho de combate. Sienten el impacto en una línea argumental central. Atacan. Preguntan fechas y números, minucias.
—¿A usted le consta esa colaboración que supuestamente prestó Ford?—, pregunta Ayuso.
Enfatiza en supuestamente.
—Esos supuestos aportes de Ford, ¿a usted le parece que fueron voluntarios, que podrían haberse negado?
Feldman da un paso hacia atrás para expandir el círculo argumental, muestra grises y refuerza su línea: “Es que también había intereses ideológicos y valores además de los beneficios económicos. No todas las empresas han lesionado la vida de las personas”. Courard tenía una convicción. “Tengo la fuente”, fulminó.
La fuente es el audio de una entrevista en inglés realizada a Courard en 1979, donde este empresario habla de los atentados de los “terroristas”, de las dificultades para “controlar la producción” y donde dice:
“Algo tuvo que hacerse (…). No fue la mejor manera de hacer las cosas (…) pero era la única manera de ordenar la situación, de asegurar la tranquilidad (…) estuvo completamente justificado (…) las Fuerzas Armadas hicieron un excelente trabajo para devolver la tranquilidad a la Argentina”.
Un “país libre” donde “nosotros podemos ejercitar nuestros derechos” y donde los “derechos humanos son respetados”, explicaba en tiempos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Claudia Bellingeri sufrió la misma hostilidad que Feldman. Directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad y perito del archivo de la ex dirección de inteligencia de la policía bonaerense (DIPPBA), explicó los informes especiales aportados a esta causa basados en los documentos de la represión en Ford. Subraya lo que emerge como “voz empresaria”. Se refiere a un conflicto de abril de 1976, porque los trabajadores —se queja la empresa— no quieren hacer horas extras. La versión más elaborada del documento, con fecha 9 de abril de 1976, dice:
“Además es opinión de los directivos de Ford, que cualquier medida de fuerza que adoptara la parte obrera, coincidiría con actitudes similares de otros establecimientos de la industria automotriz y se haría extensivo a las distintas plantas fabriles radicada en la zona de Gral. Pacheco (Terrabusi-Ibri-Wobron, etc.). Que durante la conversación mantenida por personal de esta Delegación con la parte empresaria, recibe de boca de los directivos la inquietud sobre la urgente necesidad de medidas y/o legislación que permita a la patronal prescindir de personal, que por su actitud o conducta observada, resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas, cosa que hasta la fecha se ve limitado por la Ley de Contrato de Trabajo”.
En los días subsiguientes, los trabajadores fueron secuestrados de la fábrica y luego despedidos y más tarde se derogaron aspectos centrales de la ley laboral. Troiani explicará a la salida que ese conflicto fue inventado por la empresa. “La voz que informa estos documentos, lo que la empresa pretende, deja en claro que la calidad del informante es una fuente privilegiada”, concluye Bellingeri.
“Además es opinión de los directivos de Ford, que cualquier medida de fuerza que adoptara la parte obrera, coincidiría con actitudes similares de otros establecimientos de la industria automotriz y se haría extensivo a las distintas plantas fabriles radicada en la zona de Gral. Pacheco (Terrabusi-Ibri-Wobron, etc.). Que durante la conversación mantenida por personal de esta Delegación con la parte empresaria, recibe de boca de los directivos la inquietud sobre la urgente necesidad de medidas y/o legislación que permita a la patronal prescindir de personal, que por su actitud o conducta observada, resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas, cosa que hasta la fecha se ve limitado por la Ley de Contrato de Trabajo”.
En los días subsiguientes, los trabajadores fueron secuestrados de la fábrica y luego despedidos y más tarde se derogaron aspectos centrales de la ley laboral. Troiani explicará a la salida que ese conflicto fue inventado por la empresa. “La voz que informa estos documentos, lo que la empresa pretende, deja en claro que la calidad del informante es una fuente privilegiada”, concluye Bellingeri.
Sin contraindicaciones
En esta larga audiencia continuaron las declaraciones de testigos y familiares que no pudieron hacerlo semanas atrás.
Carlos Raggio fue operario de Montaje entre 1973 y 1977. Ni antes ni hoy lo motiva la política o el gremialismo. Advierte que no estaba de acuerdo con la toma de la fábrica de 1975. Pero 40 años después está sentado frente al tribunal. Viene a contar que era compañero de Ricardo Ávalos, secuestrado el 21 de abril de 1976.
Peleaban codo a codo en la línea de montaje. Ávalos atajaba a Raggio cuando el ritmo de producción los hundía y el cable de las máquinas herramientas les impedía concluir a tiempo su tarea. Esa solidaridad en el agobio hizo que Ávalos eligiera a Raggio cuando lo fueron a buscar. A él le entregó la llave de su cofre, su billetera y la alianza para que las llevara a su casa. Raggio cumplió con creces: regresó en varias oportunidades para llevarles a su mujer y a sus hijas dinero recaudado entre los compañeros de la planta.
También declaró Marcelo Troiani, hijo de Pedro, secuestrado el 13 de abril de 1976. Tenía 11 años. Recuerda que se enteró de boca de su mamá de la detención y que la acompañaba a la comisaría de Tigre para llevar ropa y comida, sin saber con certeza si Pedro estaba allí. En una oportunidad, Marcelo se acercó al policía que custodiaba la entrada y le preguntó si lo dejaban ver a su papá.
Lo vio recién en la cárcel de Villa Devoto, semanas más tarde. Marcelo recordó el trauma de las visitas en aquella prisión: “Un lugar horrible, el peor que viví, ese pasillo de paredes verdes con rejas, todos amontonados, el maltrato a las familias, las requisas desnudos”.
En esta larga audiencia continuaron las declaraciones de testigos y familiares que no pudieron hacerlo semanas atrás.
Carlos Raggio fue operario de Montaje entre 1973 y 1977. Ni antes ni hoy lo motiva la política o el gremialismo. Advierte que no estaba de acuerdo con la toma de la fábrica de 1975. Pero 40 años después está sentado frente al tribunal. Viene a contar que era compañero de Ricardo Ávalos, secuestrado el 21 de abril de 1976.
Peleaban codo a codo en la línea de montaje. Ávalos atajaba a Raggio cuando el ritmo de producción los hundía y el cable de las máquinas herramientas les impedía concluir a tiempo su tarea. Esa solidaridad en el agobio hizo que Ávalos eligiera a Raggio cuando lo fueron a buscar. A él le entregó la llave de su cofre, su billetera y la alianza para que las llevara a su casa. Raggio cumplió con creces: regresó en varias oportunidades para llevarles a su mujer y a sus hijas dinero recaudado entre los compañeros de la planta.
También declaró Marcelo Troiani, hijo de Pedro, secuestrado el 13 de abril de 1976. Tenía 11 años. Recuerda que se enteró de boca de su mamá de la detención y que la acompañaba a la comisaría de Tigre para llevar ropa y comida, sin saber con certeza si Pedro estaba allí. En una oportunidad, Marcelo se acercó al policía que custodiaba la entrada y le preguntó si lo dejaban ver a su papá.
Lo vio recién en la cárcel de Villa Devoto, semanas más tarde. Marcelo recordó el trauma de las visitas en aquella prisión: “Un lugar horrible, el peor que viví, ese pasillo de paredes verdes con rejas, todos amontonados, el maltrato a las familias, las requisas desnudos”.
Marcelo contó que lo alcanzó una dura enfermedad por la cual estuvo tres meses en terapia intensiva. En esos días, Pedro recuperó la libertad y pudo verlo. Marcelo estaba convaleciente, casi no hablaba. Cuando se encontraron, lo único que le salió, apuntando un dedo hacia la ventanilla, fue: “Mirá, papá, los militares”.
Ya con 16 años, recibió en una ocasión a la policía de Beccar que irrumpía en su casa para controlar y mantener vivo el terror. Pedro no estaba. Él conocía el mecanismo. “¿Por qué no me llevan a mí y llevo el certificado de libertad?”, les dijo. Luego regresó sólo a su casa.
Marcelo debió haber declarado semanas atrás cuando lo hicieron otr@s hij@s, pero entonces, unos días antes, sufrió un severo infarto: “No le voy a echar la culpa al juicio, fumo mucho”, aclaró. Su médico le explicó que el factor emocional debe haber desencadenado el episodio y le prohibió declarar. Pero para Marcelo, como para Raggio, no hubo contraindicación que valga. “Marcelo se siente bien, como que se sacó la mochila”, escribe Elisa un día después.
* Las ilustraciones son de José Eliezer
Ya con 16 años, recibió en una ocasión a la policía de Beccar que irrumpía en su casa para controlar y mantener vivo el terror. Pedro no estaba. Él conocía el mecanismo. “¿Por qué no me llevan a mí y llevo el certificado de libertad?”, les dijo. Luego regresó sólo a su casa.
Marcelo debió haber declarado semanas atrás cuando lo hicieron otr@s hij@s, pero entonces, unos días antes, sufrió un severo infarto: “No le voy a echar la culpa al juicio, fumo mucho”, aclaró. Su médico le explicó que el factor emocional debe haber desencadenado el episodio y le prohibió declarar. Pero para Marcelo, como para Raggio, no hubo contraindicación que valga. “Marcelo se siente bien, como que se sacó la mochila”, escribe Elisa un día después.
* Las ilustraciones son de José Eliezer