[Por Martín Soler - En Letra P] El juicio expuso el rol de militares y civiles en la fábrica donde secuestraron a 24 trabajadores, así como la trama empresarial del horror de la dictadura. Este lunes, los alegatos.
Luego de 42 años de espera, varias dilaciones y comienzos truncos del proceso oral, este lunes comienza la etapa final del juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos dentro de la planta automotriz Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco. En el banquillo de los acusados están los civiles Pedro Müller y Héctor Sibilla junto al militar genocida Santiago Omar Riveros, quienes son juzgados por secuestro y torturas a 24 trabajadores que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Otros dos sospechosos murieron en el camino, consagrando la impunidad biológica.
Las responsabilidades civiles en crímenes del terrorismo de Estado solo comenzaron a ser investigadas en los últimos años. Dentro del heterogéneo conjunto aludido hay cómplices e integrantes de la última dictadura cívico-militar, pero son menos los dueños o directivos de empresas investigados por haber participado en la represión clandestina contra sus trabajadores.
Otras investigaciones judiciales del mismo tipo parecen bloqueadas o más demoradas, como las que involucran a empresarios de la automotriz Mercedes Benz, entre otras empresas de capital privado, nacional o extranjero, como también estatales.
En otros casos, en gran parte de las provincias, pero sobre todo en las principales ciudades industriales, hay indicios de colaboración empresarial en la represión del terrorismo de Estado contra obreros, delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados.
Müller fue gerente de Manufactura y actuaba en la Presidencia en ausencia de su entonces titular, Nicolás Courard. Sibilla fue jefe de Seguridad y Protección. Se les atribuye el aporte concreto que implicó la instalación de un centro clandestino de detención en el interior de la fábrica y haber señalado a los trabajadores que debían ser secuestrados y torturados.
En la planta se fabricaron los tenebrosos autos Ford Falcon de color verde que fueron utilizados en todo el país para “chupar subversivos” y funcionaron como centros de torturas ambulantes durante los primeros momentos de los secuestros. Los trabajadores nunca se imaginaron que su factoría iba a ser empleada para el mal.
Los hechos que se juzgan fueron denunciados por los trabajadores en los años 80 ante la Conadep y también fueron parte de los testimonios del Juicio a las Juntas. Sin embargo, se encuentran impunes hasta hoy.
Los secuestros y las torturas a los delegados comenzaron el mismo 24 de marzo de 1976. La investigación sobre las responsabilidades de los directivos de la empresa se inició en 2002. Y el comienzo del debate se fue demorando debido a los planteos dilatorios de las defensas y las dificultades para integrar el tribunal. Durante ese lapso falleció uno de los imputados, Guillermo Galarraga, ex gerente de relaciones laborales, en un proceso de años en los cuales fallecieron 12 de los 24 trabajadores.
Una de las víctimas fue Vicente Ismael Portillo, operario no delegado, secuestrado el 13 de abril de 1976. Estuvo desaparecido por 45 días. Su esposa, Arcelia Ortiz, revivió en diálogo con Letra P todo el proceso. “Nos han querido silenciar después del secuestro y desaparición del grupo de operarios de Ford Motor Argentina. La mayoría de ellos han sido delegados, lo que cual no era ningún delito, al contrario, era enaltecer al compañero trabajador. Sin ningún motivo o delito, fueron secuestrados dentro de la fábrica por la Fuerzas Armadas, por supuesto en total connivencia con la empresa. La gran responsabilidad nosotros la atribuimos a los entregadores que son los representantes de la empresa. El tiempo pasó para todos: hoy son hombres muy mayores pero eso no les quita la responsabilidad de haber hecho oídos sordos a los reclamos de las familias”.
Fueron 42 años de silenciosa lucha, indiferencia social y judicial, según cuenta la mujer, con la paz y calidez de quien conoció el horror y luchó contra la impunidad. “En este largo caminar hemos golpeado muchísimas puertas, éramos los ‘NN’, un lugar en el que nos colocó la Ford, no teníamos derechos, no teníamos la posibilidad de reclamar, hasta que gracias a nuestro gran amigo y abogado Tomas Ojea Quintana, que tomó el caso, se interesó por nosotros como personas, en los hombres que en un principio eran 24 y hoy son menos de la mitad y seguimos luchando”, señaló quien fue testigo en el juicio.
“Nunca perdimos la esperanza y nos mantuvimos unidos. Ese fue el logro de haber llegado a esta instancia: la unión en el tiempo luchando por justicia. Este caso se está convirtiendo en algo emblemático. Fueron muchos los intentos de iniciar el juicio y siempre quedaba en la nada. En 2014 declararon dos compañeros, después se disolvió el tribunal y quedamos en el aire, pensando que nunca más íbamos a tener la posibilidad que retomó en 2017. Tuvimos continuidad, asumió un tribunal con la responsabilidad que esto necesita”, agregó.
Para Arcelia, “el juicio fue comenzar a ver que el camino se despejaba, sentimos que fuimos escuchados y nos hicieron salir del anonimato de 42 años. La edad también a veces trae sus consecuencias, que son los olvidos. Todos los días intentábamos hablar entre nosotros para recordar todo lo que sucedió para poder contarlo ante la autoridad. Llegar a esta instancia fue recobrar vida y esperanza. Todos estamos grandes de edad”.
“Nos permitió salir del anonimato, ser reconocidos por nuestros nombres. Hemos sido considerados como personas. Buscamos la justicia, hemos sido rechazos, negados, maltratados. Pretendieron quitarnos la dignidad y no lo lograron”, resaltó en otro pasaje de la charla telefónica.
Llevan años reclamando una justicia que hasta ahora no llegó, pero la explicó así: “La justicia para nosotros significa la tranquilidad en el alma, reivindicarnos como seres humanos y personas, poder estar en paz y demostrar al mundo que no fuimos delincuentes sino que somos víctimas del complot entre las empresas multinacionales y las Fuerzas Armadas, que fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Hemos ido con la verdad a contar lo que nos pasó. Esperamos escuchar que los responsables de esta barbarie son condenados. No hay nada en nuestros testimonios que no fuese la verdad”.
Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas querellantes, dialogó con Letra P sobre lo difícil que es juzgar a grupos económicos. En ese sentido explicó que “por nuestra legislación, lo que se juzga son responsabilidades individuales, personales. El derecho penal no juzga los grupos económicos sino responsabilidades personales”. Sin embargo, recordó que “en 2014 hicimos la primera investigación con el CELS, la Secretaria de Derechos Humanos y Flacso, en la que analizamos 25 casos de responsabilidad empresarial”.
La letrada, destacó que “en general” las denuncias a los grupos empresariales “estuvieron hechas desde el primer momento” tras el regreso de la democracia. En ese sentido recordó que “la responsabilidad sobre el Ingenio Ledesma, sobre La Nueva Provincia, Mercedes Benz y Ford ya estaba denunciada. Los procesos de juzgamiento de delitos de lesa humanidad fueron avanzando primero por las responsabilidades militares y de las fuerzas de seguridad. Recién cuando ese proceso ya estaba avanzado se empezó a trabajar sobre las responsabilidades civiles, tanto de funcionarios judiciales como de miembros de la Iglesia y periodistas. Son los que implican más complicidad en las investigaciones, en la prueba. El proceso de juzgamiento comienza por lo que es más sencillo” y desde allí se avanza.
En relación con la causa Ford consideró que haber llegado a esta instancia es “vital” ya que se intenta “demostrar la coordinación represiva de una parte de la élite empresarial en las acciones del terrorismo de Estado. No solo en la coordinación de recursos sino en una convergencia de intereses”.
Un dato a tener en cuenta es el contexto político en el que se llega a la etapa previa de una posible sentencia. Eso no escapa del análisis de la abogada, quien adelantó que los contextos de ayer y de hoy serán marco de referencia en el alegato de la querella particular. “Que lleguemos a este juicio en este contexto lo vamos a resaltar en el marco del alegato. Por un lado, porque dejó de ser una política de Estado la memoria, la verdad y la justicia. Es un momento muy regresivo en materia de derechos humanos y por lo tanto se reivindica el rol de las querellas en los casos de terrorismo de Estado. Tuvimos muchos obstáculos en esta causa. También es bastante paradigmático de llegar a este momento del juicio en razón de que hacemos una presentación del contexto conflictivo laboral previo al golpe y cuáles son las políticas en materia de economía y transformación social que llevó adelante la dictadura. Nos encontramos en un momento en el que aquellas políticas que se impusieron mediante una violencia extrema, la estamos viviendo en la actualidad. Nos quedamos perplejos cuando vemos el amedrentamiento sobre aquel sindicalismo combativo y entendemos las políticas de hoy, de ataques agresivos al gremialismo de parte de este gobierno”.
Como en muchos casos de casos de lesa humanidad, el paso de tiempo consagra la impunidad biológica en favor de los represores y en desmedro de las víctimas. “Está vinculado con la lentitud del proceso de juzgamiento de estos crímenes y a la vez con ciertas estrategias de impunidad sustentadas desde el Estado o amparadas en otros momentos”, sentenció la Gómez Alcorta, quien consideró que el camino que deben recorrer las víctimas “se verá en el momento de la clausura de una sentencia por la muerte de los imputados, aunque entendemos que el camino de la justicia nos queda abierto. Podrá haber casos de personas que mueren sin sentencia firme, pero también hay sentencias que hacen verdad sobre los hechos, sobre el horror de lo sucedido”.
Pedro Troiani fue y es una de las víctimas. Trabajó como operario en la planta automotriz y no vaciló en sostener es está “en la puerta de un juicio histórico”. Su voz aguardentosa devela que están “impacientes por saber cómo termina” y contó su caso ante la consulta de este medio: “Nos denunciaron por subversivos, por pertenecer al gremio SMATA. Lo importante es que con la constancia nuestra y de nuestros abogados que llegamos a este punto”.
Durante las audiencias se cruzó con quienes fueron sus jefes en la planta. “Los ex directivos de Ford tienen poco para decir, en todo el juicio no pudieron defenderse, no tienen argumento. De la fábrica desaparecieron 24 obreros y el mismo día la empresa manda telegramas (que decían que) que faltaron sin aviso”, rememora a más de 42 años del horror.
“Los militares nos sacaron a la vista de todos, nos pasearon por los pasillos, hicieron ver a todos los obreros qué les podía pasar si había algún movimiento dentro de la fábrica, donde se peleaba por mejores condiciones y salarios. Al vernos a nosotros, los compañeros tuvieron miedo. Ese año echaron a más de mil personas”, aclaró desde su memoria infinita.
Sobre el cierre de la charla, más distendido volvió a la carga: “Estamos preparados para todos porque en estos tiempos podés esperar cualquier cosa. Tenemos argumentos de sobra” para lograr la condena.
La causa se tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero. Interviene por el Ministerio Público Fiscal Marcelo García Berro. Los querellantes son representados por los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Tomás Ojea Quintana, además de Maximiliano Chichizola por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y Ciro Annicchiarico por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.