[Publicado en Letra P]
La empresa yerbatera radicada en Corrientes fue escenario de la represión ilegal. Del complejo desaparecieron dos obreros. Este lunes se juzga uno de los casos.
En junio de 1977, cuando la maquinaria de sangre de la dictadura estaba en el pico de la violencia, desaparecieron el obrero Marcelo Peralta y el tractorista Neris Pérez del establecimiento yerbatero Las Marías, ubicado en la provincia de Corrientes. También fueron víctimas de la represión otros trabajadores. Una de las aristas de este caso comenzará a juzgarse este lunes 2 de julio en la justicia Federal.
Un solo represor de los involucrados en los hechos llegará como imputado al debate oral, el general de división (RE) Héctor María Torres Queirel, ex intendente de facto en Gobernador Virasoro, sindicado como coautor de la desaparición de Peralta.
Las Marías es la empresa yerbatera perteneciente al grupo Navajas Artaza. En la causa se investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los sindicatos de la industria de la alimentación (Stia) y de trabajadores rurales (Fatre) de Virasoro.
También fueron víctimas de la represión Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez, entre otros trabajadores.
Noemí Acuña es hija de Marcelo, una de las víctimas. En diálogo con Letra P, destacó que su padre fue fundador de los sindicatos de trabajadores de la alimentación y de peones rurales. Preso político y víctima de tormentos, falleció sin ver el castigo a sus torturadores. “A pesar de que el juicio es tardío, es un logro importante”, consideró la mujer.
“Esta investigación estaba destinada a morir en algún cajón judicial de Corrientes, pero pudimos juntar fuerza y coraje para que el expediente llegue a juicio. La justicia que podamos lograr será mínima, comparando el tremendo daño que han sufrido los trabajadores y sus familias”, consideró Noemí, pero se lamentó por la demora judicial, “ya que fallecieron tres víctimas y varios testigos”, como el caso del docente Miguel Ángel Argüello, testigo de lo ocurrido.
Las Marías es una empresa yerbatera dueña de las marcas Taragüí, Unión, La Merced y La Mañanita. Su propietario, Adolfo Navajas Artaza, fue gobernador de facto de la provincia de Corrientes. “Don Toco”, como se lo conoce en el pueblo, fue distinguido en el año 2008 con el premio Konex por ser un “empresario modelo y comprometido con su ciudad”
El tramo de las declaraciones testimoniales del juicio se desarrollará en Gobernador Virasoro, lugar donde ocurrieron las desapariciones y sigue funcionando la planta de tratamiento de yerba mate. Luego, el juicio continuará en la ciudad de Corrientes, capital homónima de la provincia.
La causa llegó a esta instancia de juicio por el impulso de las víctimas y familiares de desaparecidos que no cesaron en su reclamo de justicia.
La primera audiencia está pautada para este lunes a las 8.30. Según la grilla confeccionada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, el primero que debería declarar es el imputado, Torres Queirel, quien es asistido en la defensa por el abogado Néstor Irazusta. Para el mismo día están citados para declarar en calidad de testigos Aníbal y Jorge Pérez y Ramona Sánchez (hijos y viuda de Neris Pérez), Genara Díaz (viuda de Peralta), Clara Mercedes Figueredo y Rodolfo Alfredo Fernández.
Para el martes 3, están citados otros ex trabajadores, familiares y víctimas: Carlos Escobar, Ramón Falcón, Juan Manuel Gómez, María Bernal (hija de Jacinto), Pablo de la Cruz Franco, Ramón Peralta y Agustina Altamirano.
El miércoles 4, último día del debate, deben asistir oficiales, soldados y personal policial: el sargento retirado Cosme Ramírez, el oficial de policía Arsenio Raúl Berón, el comisario general retirado Julio Fernández, el comisario inspector retirado Juan Ramón Cerdán, Francisco Silva, el sargento retirado Dionisio Cáceres, Alejandro Balleve, Lorenzo Ramos Chilotegui y el comisario general retirado Walter Ramírez.
Durante el debate, los ex trabajadores y sus familiares tendrán la oportunidad de hablar, decir su verdad y reconstruir los hechos represivos. No como víctimas, sino como testigos, otra de las cuentas pendientes del caso.
El comienzo del juicio será precedido por una marcha en la localidad en la que familiares de víctimas y sobrevivientes del horror reclamarán por “Memoria, Juicio y Castigo”. Luego se realizará una vigilia hasta el inicio formal del debate.
La conexidad entre empresarios y delegados desaparecidos está retratada en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, que fue editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El documento estudia la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.
La empresa yerbatera radicada en Corrientes fue escenario de la represión ilegal. Del complejo desaparecieron dos obreros. Este lunes se juzga uno de los casos.
En junio de 1977, cuando la maquinaria de sangre de la dictadura estaba en el pico de la violencia, desaparecieron el obrero Marcelo Peralta y el tractorista Neris Pérez del establecimiento yerbatero Las Marías, ubicado en la provincia de Corrientes. También fueron víctimas de la represión otros trabajadores. Una de las aristas de este caso comenzará a juzgarse este lunes 2 de julio en la justicia Federal.
Un solo represor de los involucrados en los hechos llegará como imputado al debate oral, el general de división (RE) Héctor María Torres Queirel, ex intendente de facto en Gobernador Virasoro, sindicado como coautor de la desaparición de Peralta.
Las Marías es la empresa yerbatera perteneciente al grupo Navajas Artaza. En la causa se investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los sindicatos de la industria de la alimentación (Stia) y de trabajadores rurales (Fatre) de Virasoro.
También fueron víctimas de la represión Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez, entre otros trabajadores.
Noemí Acuña es hija de Marcelo, una de las víctimas. En diálogo con Letra P, destacó que su padre fue fundador de los sindicatos de trabajadores de la alimentación y de peones rurales. Preso político y víctima de tormentos, falleció sin ver el castigo a sus torturadores. “A pesar de que el juicio es tardío, es un logro importante”, consideró la mujer.
“Esta investigación estaba destinada a morir en algún cajón judicial de Corrientes, pero pudimos juntar fuerza y coraje para que el expediente llegue a juicio. La justicia que podamos lograr será mínima, comparando el tremendo daño que han sufrido los trabajadores y sus familias”, consideró Noemí, pero se lamentó por la demora judicial, “ya que fallecieron tres víctimas y varios testigos”, como el caso del docente Miguel Ángel Argüello, testigo de lo ocurrido.
 |
| Ramón Peralta, hermano de Marcelo, desaparecido en junio de 1977. Ramón también fue secuestrado y torturado. |
Las Marías es una empresa yerbatera dueña de las marcas Taragüí, Unión, La Merced y La Mañanita. Su propietario, Adolfo Navajas Artaza, fue gobernador de facto de la provincia de Corrientes. “Don Toco”, como se lo conoce en el pueblo, fue distinguido en el año 2008 con el premio Konex por ser un “empresario modelo y comprometido con su ciudad”
El tramo de las declaraciones testimoniales del juicio se desarrollará en Gobernador Virasoro, lugar donde ocurrieron las desapariciones y sigue funcionando la planta de tratamiento de yerba mate. Luego, el juicio continuará en la ciudad de Corrientes, capital homónima de la provincia.
La causa llegó a esta instancia de juicio por el impulso de las víctimas y familiares de desaparecidos que no cesaron en su reclamo de justicia.
La primera audiencia está pautada para este lunes a las 8.30. Según la grilla confeccionada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, el primero que debería declarar es el imputado, Torres Queirel, quien es asistido en la defensa por el abogado Néstor Irazusta. Para el mismo día están citados para declarar en calidad de testigos Aníbal y Jorge Pérez y Ramona Sánchez (hijos y viuda de Neris Pérez), Genara Díaz (viuda de Peralta), Clara Mercedes Figueredo y Rodolfo Alfredo Fernández.
Para el martes 3, están citados otros ex trabajadores, familiares y víctimas: Carlos Escobar, Ramón Falcón, Juan Manuel Gómez, María Bernal (hija de Jacinto), Pablo de la Cruz Franco, Ramón Peralta y Agustina Altamirano.
El miércoles 4, último día del debate, deben asistir oficiales, soldados y personal policial: el sargento retirado Cosme Ramírez, el oficial de policía Arsenio Raúl Berón, el comisario general retirado Julio Fernández, el comisario inspector retirado Juan Ramón Cerdán, Francisco Silva, el sargento retirado Dionisio Cáceres, Alejandro Balleve, Lorenzo Ramos Chilotegui y el comisario general retirado Walter Ramírez.
Durante el debate, los ex trabajadores y sus familiares tendrán la oportunidad de hablar, decir su verdad y reconstruir los hechos represivos. No como víctimas, sino como testigos, otra de las cuentas pendientes del caso.
El comienzo del juicio será precedido por una marcha en la localidad en la que familiares de víctimas y sobrevivientes del horror reclamarán por “Memoria, Juicio y Castigo”. Luego se realizará una vigilia hasta el inicio formal del debate.
La conexidad entre empresarios y delegados desaparecidos está retratada en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, que fue editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El documento estudia la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.