[Por Alejandra Esponda - Publicado en Letra P]
En el día de ayer se retomaron las audiencias del Juicio Las Marías en la sede del Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por la jueza Lucrecia Rojas de Badaró, y los jueces Víctor Alonso y Fermín Ceroleni. Como ya veníamos informando en Letrap, crece la preocupación entre familiares y víctimas debido a la actuación irregular del Tribunal.
Ni bien comenzada la audiencia, el Fiscal Flavio Ferrini, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó al Tribunal que informara sobre una visita que habría realizado dicho Tribunal a la estancia María Aleida, ubicada en la localidad de Virasoro – Corrientes- donde el imputado Héctor María Torres Queirel tiene asentado su domicilio desde 1972. Dicha visita se habría realizado sin dar aviso debidamente a la Fiscalía ni a la Querella de la Secretaría de Derechos Humanos.
En una entrevista facilitada por Cecilia Rodriguez de “Agencia Para la Libertad” a Letrap, el Fiscal Ferrini afirmó que ante el pedido de informe que la Fiscalía realizó al Tribunal “el tribunal manifestó que lo que hizo fue ir a tomar conocimiento de cómo está ubicada la estancia, de la zona geográfica”.
Al mismo tiempo aseveró que “para nosotros la inspección judicial que es una medida de prueba (…)
es importante que se realice de acuerdo al mecanismo procesal que está previsto para esta figura que es con la presencia de las partes. Entonces ahí podemos tomar conocimiento todos de donde está ubicado el casco de la estancia, de donde se encontraban las personas que trabajan, los tareferos, y con algunos testigos que de alguna manera nos recreen que fue lo que pasó en aquel momento”.
Relató que “La duda surgió a partir de que nosotros tomamos conocimiento que el día jueves que era la fecha para la que estaba prevista realizar la inspección ocular, por situaciones climáticas, se dejó sin efecto. Es así que la fiscalía que estaba constituida en Virasoro se volvió a la ciudad de Corrientes. Estando en la ciudad de Corrientes se recibe un llamado telefónico donde se nos consulta si estábamos en Virasoro todavía porque aparentemente el Tribunal se iba a constituir en el lugar.
Entonces lo que queríamos saber es si esa visita del Tribunal a la Estancia significó una inspección ocular en los términos del código procesal penal y se iba a tener como elemento de prueba, se iba a labrar el acta que corresponde y se iba a verificar. En tal caso la Fiscalía podía llegar a entender que, no habiendo sido parte, no habiendo sido notificada podía presentar algún tipo de recurso o no. Y el Tribunal nos ha dejado muy en claro que lo que han hecho ellos es ir a visitar motu propio porque querían ver la geografía del lugar”.
Al ser consultado por la periodista respecto de si de alguna manera esa visita del Tribunal a la estancia donde ocurrieron los hechos y donde reside actualmente el imputado podía ser considerada como un acercamiento a una de las partes, Ferrini afirmó que “no entendemos por qué se hizo sin el marco de las formas procesales que están previstas para la realización de la inspección”. Y agregó que aún no saben “si el tribunal va a receptar este pedido que se hizo de hacer la inspección judicial en el campo”. Agregó “Yo he tenido la oportunidad de decir que era lo que quería y la defensa ha dicho me parece que hay algunas cuestiones que pidió la fiscalía que no y esto tendrá que resolver el tribunal”.
Asimismo, en otros momentos de la entrevista, respecto del malestar de víctimas-testigo frente al trato hostil por parte del Presidente del Tribunal Victor Alonso, en las primeras audiencias el Fiscal afirmó que si bien no había estado presente lamentaba “mucho si fue así. Yo entiendo que este es un juicio que trasciende el hecho del Sr. Peralta (trabajador tarefero y militante sindical desaparecido), trasciende las circunstancias que rodean a un caso en particular. Estos son casos justamente de lesa humanidad, significa que de alguna manera nos perjudican a toda la sociedad en su conjunto y el revisionismo histórico que es necesario hacer en este tipo de juicio hubiera sido muy importante que cada testigo pueda declarar todo lo que le pasó, todo lo que conoce, sobre las circunstancias que ocurrieron en aquel entonces, porque eso nos va a dar todo el contexto, o nos hubiera dado todo el contexto de qué era lo que pasaba, por qué ocurrieron, quienes se beneficiaron con las desapariciones, quienes se beneficiaron con todas las persecuciones que estaban sindicados como trabajadores gremiales”.
Por otro lado, afirmó que hubiera sido bueno que este juicio contara como imputado con Adolfo Navajas Artaza, dueño en ese momento del Establecimiento Las Marías. “Hubiera sido bueno porque es este el momento en donde se puede inspeccionar la responsabilidad de todos aquellos que de alguna manera tuvieron alguna cercanía con los hechos que se investigan (…) creo que hubiera sido mucho más relevante para la sociedad en su conjunto tenerlo a Navajas enjuiciado, sentado aquí y si de aquí tiene que salir inocente que sea de un juicio oral y público y no de este entramado judicial de recursos”, refiriéndose al sobreseimiento por falta de mérito que le fue otorgado por parte del Juez federal Antonio Chalup, sin siquiera haber sido indagado.
A las preocupaciones expuestas desde las primeras audiencias debido a la excesiva, intimidatoria presencia de Gendarmería Nacional, las muestras de hostilidad del Tribunal hacia las víctimas, que imposibilitaron contextualizar el entramado de poder político-militar y empresarial y la contrastante actitud de saludo con los familiares del imputado, se suma ahora esta “visita” informal y no informada a las partes a la estancia donde tiene asentada residencia el imputado, y donde fue secuestrado y desaparecido Marcelo Peralta. Familiares, víctimas y organismos de Derechos Humanos que acompañan el desarrollo del juicio se mostraron sumamente preocupados ante esta situación irregular, a la vez que esperan que el tribunal lleve a cabo la inspección ocular debidamente y tome las medidas necesarias para que las víctimas, testigos y participantes de este Juicio no sean avasalladas en sus derechos y revictimizadas en las próximas audiencias, confirmadas para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Corrientes.