El papel de las empresas en la violación a los derechos humanos
Por Victoria Basualdo [publicado en la web El cohete a la luna]
El juicio a los directivos de Ford Héctor Sibilla y Pedro Müller (foto) constituye una instancia fundamental e histórica en el proceso de memoria, verdad y justicia. Lejos de ser producto de un reclamo aislado o sin actualidad ni resonancia, esta causa examina las responsabilidades civiles y militares en el secuestro y brutal tortura de 24 trabajadores de la planta automotriz Ford durante la dictadura, pero también se encuentra en sintonía con una fuerte preocupación internacional, regional y nacional por el papel de empresas y altos funcionarios empresariales en la violación a los derechos humanos y con la intención de frenar la impunidad de sectores que concentran el poder económico y social, con fuertes conexiones políticas.
El proceso de globalización e internacionalización del capital de las últimas décadas reforzó la preocupación en sectores muy amplios por la concentración de poder de las empresas, particularmente las grandes multinacionales y su capacidad de determinación de las relaciones laborales, el uso de los territorios y la afectación de las relaciones sociales y condiciones de vida de la población. Un hito relevante fue el trabajo del relator especial de las Naciones Unidas, John Ruggie, para crear un marco y guías sobre la materia, que llevó a la formación de un Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa en el Consejo de Derechos Humanos, principios que fueron unánimemente adoptados en 2011 por Naciones Unidas. Otro paso destacable fue la creación por parte de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de un Foro de Expertos Jurídicos sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, que elaboró un informe de tres volúmenes, titulado “Complicidad empresarial y responsabilidad legal”, con el objetivo de abordar lo que consideran un tema de enorme gravedad e impacto, como la participación de empresarios en violaciones a los derechos humanos. El informe de la CIJ recoge una serie de experiencias históricas que muestran la enorme relevancia de analizar el papel de estos actores económicos en el desarrollo de violaciones a los derechos humanos desde Nüremberg en adelante, ubicando esta problemática en un marco de análisis mucho más amplio.
En el ámbito regional, el tema apareció en la tarea desarrollada por la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, constituida por la presidenta Dilma Rousseff a través de una ley aprobada por el Congreso Nacional en noviembre de 2011. La CNV realizó, entre mayo de 2012 y diciembre de 2014, un importe trabajo de búsqueda con el objetivo de desarrollar los múltiples aspectos de la dictadura militar que se produjo en ese país entre los años 1964 y 1985. En especial las violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo prisiones ilegales, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cadáveres. La cuestión clave del impacto de la dictadura sobre trabajadores y sindicalistas fue particularmente abordada por el Grupo de Trabajo (GT) de Trabajadores de la CNV, que entregó formalmente un informe sobre la persecución a la clase trabajadora durante la dictadura y contiene el nombre de 114 trabajadores/as urbanos cuyo asesinato ha sido comprobado, una lista con dos decenas de empresas —públicas y privadas—, y una serie de documentación y testimonios que comprueban la colaboración de empresarios y empresas, no solo con el golpe de Estado sino además con la implementación del sistema de represión y vigilancia. Se solicitó que las empresas que tuvieron especial participación en el sistema de represión fueran convocadas a audiencias públicas que realizarán las Comisiones Municipales y Estaduales que continuarán funcionando luego de la conclusión del trabajo de la CNV.
Dentro de estas dinámicas generales, se destaca la investigación sobre el caso de Volkswagen Brasil. Había sido una de las empresas señaladas en la investigación de la CNV por su vinculación y apoyo a la dictadura y su colaboración en los sistemas de control de los trabajadores en vinculación con procesos represivos. En base a la recolección de testimonios de las Comisiones de la Verdad de São Bernardo do Campo, de los Metalúrgicos de São José dos Campos y de la Comisión Estadual Rubens Paiva, se documentó la participación de la empresa en los servicios de control y vigilancia de los activistas y militantes y su elaboración de “listas de elementos peligrosos” que debían ser controlados o expulsados de sus puestos de trabajo. También se analizó el caso ocurrido en esta fábrica en junio de 1972, cuando el trabajador Lucio Bellantani fue brutalmente agredido y golpeado por agentes con ametralladoras en presencia del Jefe de Seguridad de la empresa, también armado, que presenció y avaló la golpiza extrema enfrente del resto de los trabajadores. Luego fue conducido al Departamento de Personal donde continuaron las agresiones, detenido en las dependencias de la Policía Política (DOPS) y más tarde en la cárcel de Tiradentes hasta 1973, cuando fue absuelto por falta de pruebas en primera instancia, aunque en la instancia de apelación el Supremo Tribunal Federal lo condenó a dos años más de prisión sin evidencia adicional. El caso de Bellantani y de Volkswagen fue investigado por el “Fórum de Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação”, que reúne militantes y trabajadores de distintas organizaciones participantes del GT de Trabajadores de la ya finalizada CNV, y fue retomado por diversos equipos e investigadores en Brasil y en el exterior (incluso es analizado en un reciente documental y se encuentra en la actualidad bajo investigación por parte del Ministerio Público Fiscal).
Esta historia tiene una resonancia inmediata, en su marco de violencia contra los trabajadores y de intentos de control y disciplinamiento de las formas de militancia y organización en una gran fábrica automotriz multinacional. Pero además, la historia de los trabajadores de Ford está profundamente presente en el propio proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia que se desarrolló durante décadas a partir del impulso y el esfuerzo de las propias víctimas y los organismos de derechos humanos. No sólo el caso de Ford fue analizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, como un ejemplo aberrante que incluyó un centro de detención y tortura de trabajadores dentro de la propia planta; además de estar presente en forma central en el Juicio a las Juntas iniciado en 1985, como un ejemplo de la represión a los trabajadores/as y a los delegados y comisiones internas y el proceso de lucha y organización que lideraron en los años previos al golpe; sino que los trabajadores levantaron su voz desde entonces y reiteraron sus historias, iniciando causas judiciales y presentaciones que sólo ahora les permitieron llegar a este juicio oral, a casi 35 años del retorno de la democracia.
Este entramado de vinculaciones y relaciones ha sido investigado por una gran cantidad de especialistas, y ha sido objeto de aportes muy significativos a lo largo de décadas y de estudios recientes que sintetizaron aportes de un arco amplio de disciplinas, como el libro “Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”, coordinado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, y la investigación llevada adelante por cuatro instituciones: el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, publicado originalmente por Infojus 2015 (1 y 2). Este último estudio no sólo analiza en profundidad el caso de Ford, proveyendo soporte documental y fuentes que permiten ilustrar la historia de represión en la planta automotriz, sino que lo pone en diálogo con los casos de otras 24 empresas de distintas actividades económicas y ubicadas en varias regiones del país, que permiten discernir patrones comunes y comprender la dramática historia de los trabajadores de Ford en un contexto más amplio.
Por todo esto, el juicio por las responsabilidades civiles y militares en el secuestro, persecución y tortura de trabajadores y delegados sindicales de la fábrica automotriz Ford de General Pacheco apunta a un núcleo central de nuestra historia y de nuestro presente. Resulta imprescindible entonces acompañar el reclamo de justicia de los trabajadores, avanzar hacia la penalización de los crímenes cometidos, lograr formas de reparación a las víctimas y sus familias y transformar las dinámicas sociales y económicas para contribuir a un mejor presente y futuro.
El juicio a los directivos de Ford Héctor Sibilla y Pedro Müller (foto) constituye una instancia fundamental e histórica en el proceso de memoria, verdad y justicia. Lejos de ser producto de un reclamo aislado o sin actualidad ni resonancia, esta causa examina las responsabilidades civiles y militares en el secuestro y brutal tortura de 24 trabajadores de la planta automotriz Ford durante la dictadura, pero también se encuentra en sintonía con una fuerte preocupación internacional, regional y nacional por el papel de empresas y altos funcionarios empresariales en la violación a los derechos humanos y con la intención de frenar la impunidad de sectores que concentran el poder económico y social, con fuertes conexiones políticas.
El proceso de globalización e internacionalización del capital de las últimas décadas reforzó la preocupación en sectores muy amplios por la concentración de poder de las empresas, particularmente las grandes multinacionales y su capacidad de determinación de las relaciones laborales, el uso de los territorios y la afectación de las relaciones sociales y condiciones de vida de la población. Un hito relevante fue el trabajo del relator especial de las Naciones Unidas, John Ruggie, para crear un marco y guías sobre la materia, que llevó a la formación de un Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa en el Consejo de Derechos Humanos, principios que fueron unánimemente adoptados en 2011 por Naciones Unidas. Otro paso destacable fue la creación por parte de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de un Foro de Expertos Jurídicos sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, que elaboró un informe de tres volúmenes, titulado “Complicidad empresarial y responsabilidad legal”, con el objetivo de abordar lo que consideran un tema de enorme gravedad e impacto, como la participación de empresarios en violaciones a los derechos humanos. El informe de la CIJ recoge una serie de experiencias históricas que muestran la enorme relevancia de analizar el papel de estos actores económicos en el desarrollo de violaciones a los derechos humanos desde Nüremberg en adelante, ubicando esta problemática en un marco de análisis mucho más amplio.
En el ámbito regional, el tema apareció en la tarea desarrollada por la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, constituida por la presidenta Dilma Rousseff a través de una ley aprobada por el Congreso Nacional en noviembre de 2011. La CNV realizó, entre mayo de 2012 y diciembre de 2014, un importe trabajo de búsqueda con el objetivo de desarrollar los múltiples aspectos de la dictadura militar que se produjo en ese país entre los años 1964 y 1985. En especial las violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo prisiones ilegales, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cadáveres. La cuestión clave del impacto de la dictadura sobre trabajadores y sindicalistas fue particularmente abordada por el Grupo de Trabajo (GT) de Trabajadores de la CNV, que entregó formalmente un informe sobre la persecución a la clase trabajadora durante la dictadura y contiene el nombre de 114 trabajadores/as urbanos cuyo asesinato ha sido comprobado, una lista con dos decenas de empresas —públicas y privadas—, y una serie de documentación y testimonios que comprueban la colaboración de empresarios y empresas, no solo con el golpe de Estado sino además con la implementación del sistema de represión y vigilancia. Se solicitó que las empresas que tuvieron especial participación en el sistema de represión fueran convocadas a audiencias públicas que realizarán las Comisiones Municipales y Estaduales que continuarán funcionando luego de la conclusión del trabajo de la CNV.
Dentro de estas dinámicas generales, se destaca la investigación sobre el caso de Volkswagen Brasil. Había sido una de las empresas señaladas en la investigación de la CNV por su vinculación y apoyo a la dictadura y su colaboración en los sistemas de control de los trabajadores en vinculación con procesos represivos. En base a la recolección de testimonios de las Comisiones de la Verdad de São Bernardo do Campo, de los Metalúrgicos de São José dos Campos y de la Comisión Estadual Rubens Paiva, se documentó la participación de la empresa en los servicios de control y vigilancia de los activistas y militantes y su elaboración de “listas de elementos peligrosos” que debían ser controlados o expulsados de sus puestos de trabajo. También se analizó el caso ocurrido en esta fábrica en junio de 1972, cuando el trabajador Lucio Bellantani fue brutalmente agredido y golpeado por agentes con ametralladoras en presencia del Jefe de Seguridad de la empresa, también armado, que presenció y avaló la golpiza extrema enfrente del resto de los trabajadores. Luego fue conducido al Departamento de Personal donde continuaron las agresiones, detenido en las dependencias de la Policía Política (DOPS) y más tarde en la cárcel de Tiradentes hasta 1973, cuando fue absuelto por falta de pruebas en primera instancia, aunque en la instancia de apelación el Supremo Tribunal Federal lo condenó a dos años más de prisión sin evidencia adicional. El caso de Bellantani y de Volkswagen fue investigado por el “Fórum de Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação”, que reúne militantes y trabajadores de distintas organizaciones participantes del GT de Trabajadores de la ya finalizada CNV, y fue retomado por diversos equipos e investigadores en Brasil y en el exterior (incluso es analizado en un reciente documental y se encuentra en la actualidad bajo investigación por parte del Ministerio Público Fiscal).
Esta historia tiene una resonancia inmediata, en su marco de violencia contra los trabajadores y de intentos de control y disciplinamiento de las formas de militancia y organización en una gran fábrica automotriz multinacional. Pero además, la historia de los trabajadores de Ford está profundamente presente en el propio proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia que se desarrolló durante décadas a partir del impulso y el esfuerzo de las propias víctimas y los organismos de derechos humanos. No sólo el caso de Ford fue analizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, como un ejemplo aberrante que incluyó un centro de detención y tortura de trabajadores dentro de la propia planta; además de estar presente en forma central en el Juicio a las Juntas iniciado en 1985, como un ejemplo de la represión a los trabajadores/as y a los delegados y comisiones internas y el proceso de lucha y organización que lideraron en los años previos al golpe; sino que los trabajadores levantaron su voz desde entonces y reiteraron sus historias, iniciando causas judiciales y presentaciones que sólo ahora les permitieron llegar a este juicio oral, a casi 35 años del retorno de la democracia.
Este entramado de vinculaciones y relaciones ha sido investigado por una gran cantidad de especialistas, y ha sido objeto de aportes muy significativos a lo largo de décadas y de estudios recientes que sintetizaron aportes de un arco amplio de disciplinas, como el libro “Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”, coordinado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, y la investigación llevada adelante por cuatro instituciones: el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, publicado originalmente por Infojus 2015 (1 y 2). Este último estudio no sólo analiza en profundidad el caso de Ford, proveyendo soporte documental y fuentes que permiten ilustrar la historia de represión en la planta automotriz, sino que lo pone en diálogo con los casos de otras 24 empresas de distintas actividades económicas y ubicadas en varias regiones del país, que permiten discernir patrones comunes y comprender la dramática historia de los trabajadores de Ford en un contexto más amplio.
Por todo esto, el juicio por las responsabilidades civiles y militares en el secuestro, persecución y tortura de trabajadores y delegados sindicales de la fábrica automotriz Ford de General Pacheco apunta a un núcleo central de nuestra historia y de nuestro presente. Resulta imprescindible entonces acompañar el reclamo de justicia de los trabajadores, avanzar hacia la penalización de los crímenes cometidos, lograr formas de reparación a las víctimas y sus familias y transformar las dinámicas sociales y económicas para contribuir a un mejor presente y futuro.