[Página/12] El empresario salteño Marcos Levin había sido sentenciado a 12 años de prisión el año pasado por el secuestro y torturas de un delegado. Fue en el marco de un juicio histórico que analizó por primera vez la co-responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado. Sin embargo, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques anularon la condena al afirmar que no se trató de un delito de lesa humanidad.
En un nuevo retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena que había recibido el empresario salteño Marcos Levin por delitos de lesa humanidad cometidos en 1977 contra trabajadores de su compañía de transporte La Veloz del Norte. La fiscalía y las querellas apelarán para que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A fines de marzo del año pasado, Levin fue hallado culpable de instigar la persecución, detención irregular y torturas de Víctor Manuel Cobos, que trabajaba en su empresa y era representante gremial de sus compañeros. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de ese juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescriptos.
Levin fue el primer empresario condenado por su complicidad explícita con el terrorismo de Estado. En el juicio se demostró que el dueño de La Veloz del Norte aportó información de inteligencia, diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física y también la “acción psicológica” para propiciar el accionar represivo.
A pesar de todo esto, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques -el magistrado designado a dedo por el presidente Mauricio Macri- entendieron que no se trató de un delito de lesa humanidad y anularon la sentencia.
También derogaron las penas que recibieron los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos (ambos condenados a 12 años de prisión) y Enrique Cardozo (8 años) . Se trata de quienes llevaron adelante el operativo en el que 20 trabajadores fueron secuestrados y trasladados a la comisaría 4ª de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención.
Las causas contra los empresarios cómplices del terrorismo de Estado siguen trabadas en la Justicia. Dos de los casos más emblemáticos son los de Carlos Blaquier, dueño de la empresa azucarera Ledesma, y Vicente Massot, propietario del diario bahiense La Nueva Provincia. Ambos recibieron la falta de mérito en los procesos en su contra y están pendientes las apelaciones a esas decisiones.