La
Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por
el Ministerio Público Fiscal y anuló una decisión que había rechazado
el pedido de prohibición de salida del país de tres ex directivos de la
empresa Ford imputados en una causa por crímenes de lesa humanidad. Se
trata de Pedro Müller, quien era gerente general de la planta de
Pacheco; Guillermo Galárraga (gerente de relaciones laborales) y Héctor
Francisco Jesús Sibilla (jefe de seguridad de la Planta) al producirse
en marzo de 1976 el golpe de estado cívico-militar. Los tres están
acusados de haber entregado a las fuerzas represivas a 24 operarios que
fueron secuestrados y torturados.
La
Sala II de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Ángela
Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, confirmó el pedido de la
fiscalía en el marco de la causa que investiga el secuestro y las
torturas de 24 obreros de la planta automotriz de la localidad
bonaerense de Pacheco en 1976, informó hoy el CIJ, la página de noticias
del Poder Judicial de la Nación.
El
máximo tribunal penal federal, por mayoría, entendió que resultaba
arbitraria la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que
rechazó el pedido del acusador público de prohibir la salida del país de
tres imputados en el juicio que está próximo a comenzar.
El
fallo de la Casación invocó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación según la cual “pesa sobre los magistrados un especial
deber de cuidado para neutralizar toda responsabilidad de fuga o
entorpecimiento de la investigación en estos hechos”.
"La
finalidad de las medidas precautorias -como las aquí sugeridas- se
dirigen a garantizar la efectiva presencia de los imputados en el juicio
oral, que cobra aún más virtualidad ante la proximidad de la audiencia
de debate”, subrayó.
Los
imputados son los ex gerentes de la automotriz Pedro Müller (general),
Guillermo Galarraga (de relaciones laborales) y el ex jefe de seguridad
Héctor Francisco Jesús Sibilla, todos ellos de la Ford.
Los
tres ex directivos de la Ford están procesados por el secuestro y las
torturas de 24 obreros de la automotriz en 1976, año en el que funcionó
un centro clandestino de detención dentro de la fábrica en Pacheco,
norte del Gran Buenos Aires.
En
su mayoría, los trabajadores fueron secuestrados en horario laboral e
interrogados y en algunos casos torturados en instalaciones de la
fábrica, antes de ser trasladados a edificios del circuito represivo del
terrorismo de estado.
La
elevación a juicio señaló que los tres son responsables de “haber
permitido el acceso a diferentes dependencias de la empresa al personal
de las distintas Fuerzas Armadas y/o de seguridad y haberles
suministrado información de su conocimiento relativo a los empleados de
la compañía de diversos sectores”.