TELAM - Los representantes del Ministerio Público solicitaron 18 años de prisión para el expropietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, Marcos Levín, en el marco del juicio que se lleva adelante por privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de un trabajador y gremialista, y en el que también están imputados tres expolicías.
Para Levín solicitó la pena de 18 años de prisión por considerarlo instigador de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravado con abuso funcional, por haberse cometido con violencia y amenazas y por la permanencia mayor a un mes; y de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, en concurso real.
Para los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón pidió la pena de 17 años de prisión por considerarlos "coautor material" y "autor mediato", respectivamente, de los mismos delitos que Levín. Para el expolicía Enrique Cardozo solicitó la pena de 16 años de prisión, como "coautor material" de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos.
Antes del pedido de penas realizado por Snopek, su par, Carlos Amad, relató los hechos analizados en el juicio, los antecedentes y se refirió a la participación de cada uno de los imputados. "No es un hecho aislado, porque se ha perseguido a personas que formaban parte de una entidad gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que era un objetivo prioritario para las fuerzas militares de la época, según consta en los anexos del Plan Sistemático del gobierno de facto", expresó Amad en su alocución.
Para el fiscal, éste "es un caso paradigmático de represión militar con participación empresarial", ya que Levín y fuerzas de seguridad realizaron "maniobras ilegales para que la actividad gremial no existiera más". Amad precisó que "se armó una causa para detener la actividad gremial de los trabajadores".
Snopek consideró que los delitos analizados son de lesa humanidad, y expresó que "se ha utilizado la estructura represiva del estado en contra de un grupo de trabajadores y dirigentes gremiales".
Ambos fiscales destacaron la utilización de la comisaría cuarta como un "centro ilegal de detención" y Snopek indicó que "la causa de defraudación a la empresa fue fraguada", ya que "la verdadera finalidad de la conducta desplegada por los imputados fue deshacerse de los trabajadores y disciplinarlos para evitar la actividad gremial".
Etapa final
Este juicio, que comenzó en septiembre, se encuentra en su etapa final. Se estima que el 14 de marzo se conocerá la sentencia correspondiente.
Los alegatos de la Fiscalía comenzaron a las 15 y se extendieron por cerca de tres horas, en los tribunales federales salteños.
Caso
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, integrado por Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, analiza los delitos de persecución, detención ilegal y aplicación de tortura en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, que era empleado de La Veloz del Norte.
Cobos, detenido en la mañana del 22 de enero de 1977, integraba la comisión directiva de la delegación Salta de la UTA y fue acusado de una supuesta estafa a la empresa.
Una vez detenido, fue trasladado por Bocos -que era subcomisario y empleado de La Veloz del Norte- y por Cardozo, a la comisaría cuarta, que estaba a cargo del entonces comisario Almirón.
Allí lo torturaron y lo obligaron a firmar una declaración acusando a sus compañeros y aceptando el robo a la empresa, tras lo que fue derivado al penal de Villa Las Rosas y liberado tres meses después.
Fueron varios los empleados detenidos y torturados en las mismas condiciones, aunque hasta el momento no se pudo establecer fehacientemente la cantidad.
Los alegatos comenzaron la semana pasada, cuando la querella solicitó 20 años de prisión para el empresario, para Bocos y Almirón, y 18 años de prisión para Cardozo. Continuará el próximo lunes, con la exposición de las defensas.
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El fiscal Francisco Snopek fue el encargado de formular el pedido de penas y el encuadramiento legal de los delitos analizados en el juicio, en representación del Ministerio Público.
Para Levín solicitó la pena de 18 años de prisión por considerarlo instigador de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravado con abuso funcional, por haberse cometido con violencia y amenazas y por la permanencia mayor a un mes; y de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, en concurso real.
Para los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón pidió la pena de 17 años de prisión por considerarlos "coautor material" y "autor mediato", respectivamente, de los mismos delitos que Levín. Para el expolicía Enrique Cardozo solicitó la pena de 16 años de prisión, como "coautor material" de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos.
Antes del pedido de penas realizado por Snopek, su par, Carlos Amad, relató los hechos analizados en el juicio, los antecedentes y se refirió a la participación de cada uno de los imputados. "No es un hecho aislado, porque se ha perseguido a personas que formaban parte de una entidad gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que era un objetivo prioritario para las fuerzas militares de la época, según consta en los anexos del Plan Sistemático del gobierno de facto", expresó Amad en su alocución.
Para el fiscal, éste "es un caso paradigmático de represión militar con participación empresarial", ya que Levín y fuerzas de seguridad realizaron "maniobras ilegales para que la actividad gremial no existiera más". Amad precisó que "se armó una causa para detener la actividad gremial de los trabajadores".
Snopek consideró que los delitos analizados son de lesa humanidad, y expresó que "se ha utilizado la estructura represiva del estado en contra de un grupo de trabajadores y dirigentes gremiales".
Ambos fiscales destacaron la utilización de la comisaría cuarta como un "centro ilegal de detención" y Snopek indicó que "la causa de defraudación a la empresa fue fraguada", ya que "la verdadera finalidad de la conducta desplegada por los imputados fue deshacerse de los trabajadores y disciplinarlos para evitar la actividad gremial".
Etapa final
Este juicio, que comenzó en septiembre, se encuentra en su etapa final. Se estima que el 14 de marzo se conocerá la sentencia correspondiente.
Los alegatos de la Fiscalía comenzaron a las 15 y se extendieron por cerca de tres horas, en los tribunales federales salteños.
Caso
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, integrado por Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, analiza los delitos de persecución, detención ilegal y aplicación de tortura en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, que era empleado de La Veloz del Norte.
Cobos, detenido en la mañana del 22 de enero de 1977, integraba la comisión directiva de la delegación Salta de la UTA y fue acusado de una supuesta estafa a la empresa.
Una vez detenido, fue trasladado por Bocos -que era subcomisario y empleado de La Veloz del Norte- y por Cardozo, a la comisaría cuarta, que estaba a cargo del entonces comisario Almirón.
Allí lo torturaron y lo obligaron a firmar una declaración acusando a sus compañeros y aceptando el robo a la empresa, tras lo que fue derivado al penal de Villa Las Rosas y liberado tres meses después.
Fueron varios los empleados detenidos y torturados en las mismas condiciones, aunque hasta el momento no se pudo establecer fehacientemente la cantidad.
Los alegatos comenzaron la semana pasada, cuando la querella solicitó 20 años de prisión para el empresario, para Bocos y Almirón, y 18 años de prisión para Cardozo. Continuará el próximo lunes, con la exposición de las defensas.