Una investigación sobre...

la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

viernes, 12 de febrero de 2016

Un caso de responsabilidad empresarial

PAGINA 12 - El periodista y presidente del CELS declaró ante el TOF de Salta a través de una videoconferencia. Aseguró que el caso de La Veloz del Norte es uno en los que más claramente se ve la responsabilidad empresarial en la represión.

“Había un plan militar y en ese marco tuvo mucha importancia la participación de las empresas, porque eran ellos los que contaban a quién había que echar, a quién había que perseguir, quiénes molestaban u obstaculizaban la producción”. La afirmación pertenece a Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y columnista de Página/12, quien declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad a tres ex policías y al ex dueño de la empresas La Veloz del Norte, Marcos Levín.

Verbitsky declaró durante casi una hora a través del sistema de videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Su testimonio había sido pedido por fiscales y querellantes por su rol en el CELS y por ser uno de los autores del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, que incluye un capítulo sobre La Veloz del Norte.

El periodista dijo que utilizó “deliberadamente el término responsabilidad y no complicidad porque los resultados de la investigación muestran en términos generales que no puede reducirse esa participación a una mera complicidad con planes ajenos”. “Los dirigentes empresariales y directivos investigados tuvieron una responsabilidad equivalente a la de las autoridades militares y policiales, y en algunos casos fueron los instigadores”, explicó ante el tribunal.

“El de La Veloz es probablemente el caso en el cual surgen la mayor cantidad de episodios de responsabilidad empresarial en todo el país”, arriesgó. “En el caso tenemos la asistencia de secuestros, detenciones, la participación de fuerzas de seguridad en el control del trabajo, agentes policiales en cargos jerárquicos de la empresa, utilización de instalaciones de las empresa para alojar detenidos y secuestrados, uso de vehículos y móviles de la empresa para fines extorsivos y la participación de directivos en tormentos a personas privadas ilegalmente de su libertad”, enumeró. “No recuerdo otro caso donde se diera mayor cantidad de estos ítem de responsabilidad empresarial”, sostuvo, y habló del rol de los sindicatos, especialmente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Entre las empresas que tuvieron distintos niveles de responsabilidad en el terrorismo de Estado mencionó al ingenio La Fronterita, la yerbatera Las Marías, La Veloz del Norte y Acindar. “En el caso de La Veloz, el policía Víctor Hugo Bocos cumplía funciones dentro de la empresa. Nadie sabía el cargo que tenía, pero estaba permanentemente reunido con los directivos y participó en torturas y detenciones de empleados”, precisó. Por último recordó que la denominada “lucha contra la subversión” era en realidad “la fachada de un disciplinamiento de la clase trabajadora y de la eliminación de las leyes de derechos del trabajo, entre otros fines”.

En el juicio están también imputados los ex policías Víctor Hugo Bocos (que era además empleado de Levín), Enrique Cardozo y el ex jefe de la Comisaría Cuarta Víctor Hugo Almirón. El tribunal que integran Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas analiza los delitos de persecución, detención ilegal y aplicación de tortura en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, que era empleado de La Veloz del Norte. Detenido en la mañana del 22 de enero de 1977, Cobos integraba la comisión directiva de la delegación Salta de la UTA y fue acusado de una supuesta estafa a la empresa. Tras su detención fue torturado en la Comisaría Cuarta, donde lo obligaron a firmar una declaración acusando a sus compañeros y aceptando el robo a la empresa, tras lo que fue derivado al penal de Villa Las Rosas y liberado tres meses después. Se estima que hacia fin de mes comenzarán los alegatos y el 14 de marzo podría dictarse la sentencia.