Una investigación sobre...

la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Se entregó el informe a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad

Las instituciones involucradas en esta investigación, que no persiguen otro fin que el de contribuir al proceso de memoria, verdad y justicia, convinieron en entregar el presente trabajo, junto con anexos relevantes, a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. La entrega se realizó el 25 de noviembre, en la sede del Ministerio de Avenida de Mayo, ante el fiscal Jorge Auat y la coordinadora de la unidad fiscal, Carolina Varsky. Estuvieron presentes, entre otros trabajadores de la Procuraduría, Alberto Saavedra, Marcela Obetko y Natalia Paleo.


La entrega se pautó por convenio al iniciarse el proyecto, fundada en las obligaciones del Estado, de asegurar y garantizar el acceso y producción de información vinculada con graves violaciones a los derechos humanos, y considerando que el conocimiento sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado es parte central del derecho a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad.

Estado judicial

Recién en septiembre de 2015 comenzó el primer juicio oral y público de la historia del país contra un empresario acusado por su participación en crímenes de lesa humanidad: Marcos Levín. Él era el dueño, durante la dictadura, de la empresa de micros salteña La Veloz del Norte. En tanto, se espera el demorado inicio del juicio contra directivos de la empresa Ford en cuyo predio fabril funcionó un centro clandestino de detención.

Juicios contra militares por casos de obreros, como los de las zonas norte y sur del conurbano bonaerense, desarrollados entre 2014 y 2015, finalizaron con sentencias donde se pide investigar el rol de directivos de empresas y dirigentes sindicales. Asimismo, se ordenó reparar legajos laborales de las víctimas para señalar los verdaderos motivos del cese de las tareas, habilitar los predios para la señalización de los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y construir monumentos en homenaje a las víctimas. También se exigió, en un caso, mantener el pago de salario sin obligación de cumplir horario y se obligó al Estado a facilitar el acceso a jubilaciones y otros tipos de reparaciones.


Estos hitos no deben hacer pasar desapercibidas las demoras y los obstáculos que se imponen en el ámbito judicial en todo el país a la hora de investigar las responsabilidades empresariales. Los casos del Ingenio Ledesma y de Minera El Aguilar han tenido procesamientos fundados en la suficiente prueba recolectada, pero están demorados por decisiones judiciales. En el caso de Las Marías (yerba Taragüí) se excusaron más de doce magistrados correntinos y se sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza, su dueño. 

Las causas por Mercedes-Benz, La Nueva Provincia —de la familia Massot— y Acindar se encuentran demoradas, a pesar de los varios años de investigación judicial y la suficiente prueba existente como para avanzar a otras instancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge y Born, recién comienzan.