Una investigación sobre...

la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

viernes, 4 de diciembre de 2015

Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: los casos de Zona Norte

EL ARGENTINO - ZONA NORTE - Un informe advierte sobre el rol activo de una parte del empresariado en la represión de la última dictadura. Entrega de listas y recursos y hasta instalación de centros clandestinos en las plantas fabriles. Qué pasó en Ford, Astarsa, Mestrina, Lozadur y Cattáneo.

 

El concepto de “complicidad” no alcanza. Porque una parte importante del empresariado argentino no sólo acompañó, sino que participó activamente en las prácticas represivas durante la última dictadura. Así se desprende del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, presentado ayer y elaborado por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos -pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO. Se analizaron 25 empresas, en las que hubo 354 trabajadores desaparecidos, 65 asesinados y más de 450 detenidos y torturados. Cinco de las 25 son de Zona Norte: la automotriz Ford, los astilleros Astarsa y Mestrina, y las ceramistas Lozadur y Cattáneo.

“Zona Norte era una de las zonas más organizadas y numerosas, como también el Oeste y el Sur del Conurbano. Astarsa representa uno de los casos más grandes de entrega de información -de las empresas a las fuerzas represivas- como nombres y domicilios. Ahí estaba una de las comisiones internas más movilizadas, igual que en Mestrina. Y Ford tuvo un centro clandestino adentro. El juicio por este caso está en espera hace más de un año”, resumió el historiador Alejandro Jasinski, del Programa Verdad y Justicia. 

En dos tomos, que suman más de mil páginas, el informe da cuenta de “un patrón común de lo que llamamos prácticas empresariales represivas y una estrategia común de disciplinamiento laboral vinculada al terrorismo estatal”. Su manifestación más extrema fue la instalación de lugares de detención y tortura dentro de las propias empresas, como ocurrió con el quincho de Ford, en General Pacheco, partido de Tigre. Y los secuestrados de Cerámicas Cattaneo, en Villa Adelina, fueron detenidos en el ingreso a la planta y golpeados y torturados en la oficina de vigilancia. Luego, los desaparecieron. 

El aporte de información de los empresarios a las fuerzas represivas fue clave, así como la entrega de recursos financieros y materiales. En Astarsa, por ejemplo, muchas de las detenciones de mayo de 1976 ocurrieron en las casas de los trabajadores. El informe advierte que en los días previos a esos secuestros, “la gerencia del astillero solicitó a los obreros que actualizaran antes de las 48 horas sus domicilios”. El apartado sobre la represión en este astillero también destaca que “resulta importante considerar lo declarado por uno de los máximos directivos de Astarsa en un testimonio judicial en los años ochenta: el comando militar de Campo de Mayo lo citó a él y al jefe de la agencia de seguridad en la planta la noche del 23 de marzo de 1976 para informarle sobre el golpe y para coordinar las acciones de la militarización de la planta y detención de obreros activistas”. 

Entre los trabajadores de Astarsa y Mestrina que fueron víctimas del terrorismo de Estado se cuentan diez asesinados, 21 desaparecidos y 20 liberados. En tanto, al menos 14 ceramistas de Lozadur y Cattaneo están desaparecidos, y dos fueron asesinados. En Ford, hay evidencia de 37 víctimas durante la última dictadura. El informe insta a repensar el vínculo entre las empresas y las fuerzas militares, y concluye que “una nueva perspectiva puede abrirse, al identificar la existencia de una manifiesta responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad que sufrieron los trabajadores y trabajadoras en el país. Responsabilidad que todavía debe ser abordada por nuevas investigaciones, tanto en el marco de la memoria y la verdad, como en el de la justicia”. 

Por Luciana Rosende
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