EL ARGENTINO - Surgen de una investigación que abarcó 25 establecimientos, en su mayoría fabriles, en diversas regiones del país.
Direcciones empresariales tuvieron una responsabilidad y un protagonismo que exceden la complicidad en la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, según concluyó una investigación que abarcó 25 establecimientos, en su mayoría fabriles, en diversas regiones del país y actividades productivas.
Direcciones empresariales tuvieron una responsabilidad y un protagonismo que exceden la complicidad en la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, según concluyó una investigación que abarcó 25 establecimientos, en su mayoría fabriles, en diversas regiones del país y actividades productivas.
“Esa es la conclusión más importante” del estudio realizado sobre 25 importantes empresas de capital nacional o extranjero en el que fueron identificadas cerca de 900 víctimas, de las cuales 345 están desaparecidas y 65 fueron asesinadas, dijo a Télam la historiadora Victoria Basualdo (Conicet-Flacso), una de las coordinadoras del equipo de investigación integrado por cuatro organizaciones.
Estos empresarios “no fueron una ayuda, no fueron subsidiarios o cómplices, sino que fueron protagonistas de este proceso represivo” durante la última dictadura, subrayó Basualdo sobre el diagnóstico compartido por las organizaciones que emprendieron el estudio: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia.
En dos tomos que suman un millar de páginas, la presentación del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” se realizará en el auditorio “Emilio Mignone” de la sede de Flacso en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
LOS 25 CASOS
“El diseño que nosotros hicimos fue tratar de abordar una serie de casos, que terminaron siendo 25”, entre los cuales se cuentan varios “en los que ya había pruebas de este involucramiento a nivel judicial y a nivel histórico, investigados individualmente pero no en forma comparativa, sistemática y simultánea”, explicó Basualdo.
El equipo interdisciplinario, integrado por 20 investigadores y que contó con gran número de colaboradores, trabajó tanto en torno a casos en los que existían “aportes significativos previos y en otros, como algunos de los ingenios azucareros de Tucumán, que habían sido vistos como parte de la represión que comienza con el Operativo Independencia, pero nunca habían sido analizados en términos de la participación de algunos de estos dirigentes empresariales en el proceso represivo”, explicó Basualdo.
“Entonces, esta investigación nos permitió avanzar sobre algunos de los casos clásicos, con un abordaje sistemático y aportes originales, pero también incorporar nuevas aproximaciones de enorme valor, como el caso de La Fronterita y otros ingenios, en un momento en el que se están desarrollando juicios en torno al Operativo Independencia” del terrorismo de Estado que comenzó en Tucumán en febrero de 1975, relató.
Copia del informe del estudio realizado durante un año y medio sin financiamiento específico para la investigación fue entregada esta semana a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat.
“Sin duda el trabajo de investigación tuvo el objetivo aportar a un proceso de justicia, con el cual las cuatro instituciones se sienten profundamente identificadas y que se proponen apoyar en todas las formas posibles”, señaló Basualdo.
Pero antes que una intervención “en ese desarrollo judicial a partir de esta investigación, estamos en todo caso estableciendo un diálogo con ese proceso de justicia”, puntualizó.
[link]