NOTAS.ORG - Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma, La Fronterita, Concepción, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago, Petroquímica Sudamericana, Lozadur, Cattáneo, astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca, Acindar, Loma Negra y La Nueva Provincia. Veinticinco firmas que en muchos casos aún siguen funcionando en nuestro país fueron investigadas y analizadas por una comisión especial para la ocasión arrojando como contundente resultado que el poder económico no solo fue espectador de la masacre y el exterminio de la clase obrera durante la dictadura sino también responsable e instigador de desapariciones, torturas y vejaciones de todo tipo.
El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina) fue presentado este jueves en la sede de FLACSO Buenos Aires. Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el director del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta.
Ya disponible para la justicia como prueba documental de valor trascendental –fue entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de Jorge Auat y Carolina Varsky–, este trabajo pretende esclarecer las redes de personajes e intereses detrás del genocidio pero también permite entender las razones estructurales, clasistas y profundamente económicas de la dictadura más allá de la consabida muletilla de “lucha contra la subversión”. Así, a partir de las conclusiones del informe, queda claro que un sector del empresariado adoptó un conjunto de prácticas represivas contra los trabajadores de sus establecimientos que, al insertarse en la trama del terrorismo de Estado, se configuran como delitos de lesa humanidad.
Con respecto al estatus legal de la vinculación entre empresas y militares, Elizabeth Gómez Alcorta señaló en la presentación: “Hay que poder distinguir responsabilidad de complicidad y este trabajo sirve para documentar la responsabilidad de los empresarios a través de recursos logísticos, financieros y materiales, más allá de los centros de detención que funcionaban en las empresas”.
Según las conclusiones del informe, esta responsabilidad se manifiesta en diferentes prácticas y proporciones: el 88% de las empresas investigadas intervinieron en secuestros de trabajadores en las fábricas y despidos o retiros forzados de obreros activistas mientras que en el 76% de los casos estas empresas entregaron a las fuerzas represivas información privada de los trabajadores y listas de delegados.
También se alistan otras metodologías: presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%); oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%); agentes de inteligencia infiltrados (60%); operativos militares en los predios fabriles (56%); cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%), habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%), entre otros.
Esta sistematización y jerarquización de prácticas no tiene solamente que ver con una cuestión académica, sino que permite consolidar al informe como prueba legal dejando claro que la destrucción de la clase trabajadora fue un modus operandi durante el terrorismo de Estado. Al respecto Eduardo Basualdo puntualizó el valor del trabajo en conjunto de estas firmas. “La relevancia de este informe tiene que ver también con la metodología: al trabajarse varias empresas juntas se va en contra de la atomización y falta de coherencia de las causas trabajadas hasta ahora en el sistema penal, una de sus mayores deficiencias”, dijo.
En relación a esto uno de los coordinadores del equipo de trabajo y licenciado en Historia Alejandro Jasinski expresó que “lo interesante fue que se solidificó nuestra posición como investigadores en un equipo compuesto por historiadores, antropólogos, sociólogos y abogados y pudimos entonces cruzar las disciplinas, combinar análisis macro, de procesos sociales, con un análisis puntilloso de los hechos, de las evidencias e indicios que fueron apareciendo. En este sentido buscamos dar cuenta de tramas y de hechos, de interés y motivaciones y de responsabilidades”.
Por su parte, durante la presentación, Fresneda dejó claras también otras manifestaciones de esta relación entre el capital concentrado y los genocidas planteando que “queda manifiesta la alianza estratégica de la dictadura con los sectores privados que luego se beneficiarían con la estatización de la deuda”. En este sentido, Jasinski evidenció esta complicidad en la complejidad de la realización del informe. “Las dificultades estuvieron relacionadas al análisis de sujetos que se encuentran en la cima del poder social, económico y, justo hoy más que nunca, político. Además la información a la que se accede está fragmentada en numerosos archivos y memorias, lo cual hace que esto sea un trabajo de carpintería”, explicó.
Tomando el ejemplo de Franco Macri como parte del establishment corporativo beneficiado y co-responsable de los delitos de lesa humanidad, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky diferenció en la sede de FLACSO la coyuntura del golpe de 1976 con la actualidad. “En este momento complicado, en el que la derecha asume como tal, tenemos que tener presente que la dictadura tuvo que ejercer altísimos niveles de violencia para impedir el avance de las fuerzas productivas”, apuntó y sobre el final de la presentación, dejó lugar para el optimismo: “La democracia y las luchas sociales tienen sus propios mecanismos para frenar eso e impedir una regresión a la dictadura”.
El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina) fue presentado este jueves en la sede de FLACSO Buenos Aires. Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el director del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta.
Ya disponible para la justicia como prueba documental de valor trascendental –fue entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de Jorge Auat y Carolina Varsky–, este trabajo pretende esclarecer las redes de personajes e intereses detrás del genocidio pero también permite entender las razones estructurales, clasistas y profundamente económicas de la dictadura más allá de la consabida muletilla de “lucha contra la subversión”. Así, a partir de las conclusiones del informe, queda claro que un sector del empresariado adoptó un conjunto de prácticas represivas contra los trabajadores de sus establecimientos que, al insertarse en la trama del terrorismo de Estado, se configuran como delitos de lesa humanidad.
Con respecto al estatus legal de la vinculación entre empresas y militares, Elizabeth Gómez Alcorta señaló en la presentación: “Hay que poder distinguir responsabilidad de complicidad y este trabajo sirve para documentar la responsabilidad de los empresarios a través de recursos logísticos, financieros y materiales, más allá de los centros de detención que funcionaban en las empresas”.
Según las conclusiones del informe, esta responsabilidad se manifiesta en diferentes prácticas y proporciones: el 88% de las empresas investigadas intervinieron en secuestros de trabajadores en las fábricas y despidos o retiros forzados de obreros activistas mientras que en el 76% de los casos estas empresas entregaron a las fuerzas represivas información privada de los trabajadores y listas de delegados.
También se alistan otras metodologías: presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%); oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%); agentes de inteligencia infiltrados (60%); operativos militares en los predios fabriles (56%); cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%), habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%), entre otros.
Esta sistematización y jerarquización de prácticas no tiene solamente que ver con una cuestión académica, sino que permite consolidar al informe como prueba legal dejando claro que la destrucción de la clase trabajadora fue un modus operandi durante el terrorismo de Estado. Al respecto Eduardo Basualdo puntualizó el valor del trabajo en conjunto de estas firmas. “La relevancia de este informe tiene que ver también con la metodología: al trabajarse varias empresas juntas se va en contra de la atomización y falta de coherencia de las causas trabajadas hasta ahora en el sistema penal, una de sus mayores deficiencias”, dijo.
En relación a esto uno de los coordinadores del equipo de trabajo y licenciado en Historia Alejandro Jasinski expresó que “lo interesante fue que se solidificó nuestra posición como investigadores en un equipo compuesto por historiadores, antropólogos, sociólogos y abogados y pudimos entonces cruzar las disciplinas, combinar análisis macro, de procesos sociales, con un análisis puntilloso de los hechos, de las evidencias e indicios que fueron apareciendo. En este sentido buscamos dar cuenta de tramas y de hechos, de interés y motivaciones y de responsabilidades”.
Por su parte, durante la presentación, Fresneda dejó claras también otras manifestaciones de esta relación entre el capital concentrado y los genocidas planteando que “queda manifiesta la alianza estratégica de la dictadura con los sectores privados que luego se beneficiarían con la estatización de la deuda”. En este sentido, Jasinski evidenció esta complicidad en la complejidad de la realización del informe. “Las dificultades estuvieron relacionadas al análisis de sujetos que se encuentran en la cima del poder social, económico y, justo hoy más que nunca, político. Además la información a la que se accede está fragmentada en numerosos archivos y memorias, lo cual hace que esto sea un trabajo de carpintería”, explicó.
Tomando el ejemplo de Franco Macri como parte del establishment corporativo beneficiado y co-responsable de los delitos de lesa humanidad, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky diferenció en la sede de FLACSO la coyuntura del golpe de 1976 con la actualidad. “En este momento complicado, en el que la derecha asume como tal, tenemos que tener presente que la dictadura tuvo que ejercer altísimos niveles de violencia para impedir el avance de las fuerzas productivas”, apuntó y sobre el final de la presentación, dejó lugar para el optimismo: “La democracia y las luchas sociales tienen sus propios mecanismos para frenar eso e impedir una regresión a la dictadura”.
Por Leticia Cappellotto
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