Una investigación sobre...

la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

viernes, 4 de diciembre de 2015

El rol de las empresas en la dictadura

PAGINA 12 - El CELS, Flacso, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos realizaron una investigación en la que analizaron y sistematizaron información de 25 empresas para entender la “responsabilidad empresaria” y no la “colaboración” o “complicidad”.


Anoche se presentó en la sede de Flacso-Argentina el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un trabajo de investigación monumental que por primera vez analiza y sistematiza la represión en 25 empresas, elaborado por el CELS, Flacso-Argentina, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Durante la presentación, se explicó uno de los principales efectos del libro: la posibilidad de caracterizar la historia de represión obrera y encuadrar la relación entre empresas y dictadura como de “responsabilidad empresaria” en lugar del papel que denota posibilidades más subsidiarias como el de colaborador o complicidad. La contribución de este megainforme a las causas y a la Bicameral de investigaciones civiles que acaba de ser promulgada en el Congreso fueron parte de los puntos destacados. En palabras del economista Eduardo Basualdo, el informe aporta “un nuevo conocimiento del régimen dictatorial” y es un “salto cualitativo en el análisis de los casos no sólo por el tipo de fuentes de información, o su metodología, sino porque todo eso permitió construir no sólo una tipología sino jerarquizar los tipos de participación empresaria en la represión a los trabajadores durante la dictadura militar”.

De la mesa de presentación participaron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el subsecretario de políticas criminal, Luciano Hazan; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; el director del Area de Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta. La investigación, que llevó un año y medio de trabajo, estudia la responsabilidad de un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos de los que fueron víctimas trabajadores y trabajadoras durante la última dictadura argentina. Aunque durante el trabajo se relevó un listado de 200 empresas, el trabajo se acotó a un universo de 25, dedicadas a actividades diferentes y localizadas en distintas regiones del país. Desde Minera El Aguilar, La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma, hasta las del grupo Techint, Bunge y Born, Acindar, Astarsa y Mestrina, tres automotrices y la Nueva Provincia. Casi todas, investigadas por el Poder Judicial, con distintos tipos de alcance en las respectivas causas.

Con el auditorio Emilio Mignone completamente lleno, una de las coordinadoras del proyecto, Victoria Basualdo, agradeció el trabajo aportado por cada uno de los investigadores de las cuatro instituciones que “con un ritmo insoportable, investigaron en archivos complicados y trabajaron con procedimientos complejos y se encontraron con historias tremendamente conmovedoras”. Frente a la mesa de los panelistas, un grupo de ex trabajadores de los años 70 colocaron la bandera peregrina que reclama el avance de los juicios al sector empresario. “Y queremos agradecer a los protagonistas de esta historia –dijo Victoria en diálogo con esa bandera–, las víctimas, que fueron trabajadores víctimas de crímenes extremos pero también protagonistas de una historia de movilización, lucha y resistencia de en las peores situaciones. A ellos –dijo– les dedicamos este trabajo, por eso tenemos esta bandera puesta acá.”

Gómez Alcorta lo presentó como un documento indispensable “para la praxis judicial”. Señaló que el informe llegó a “conclusiones absolutamente incontrastables”. Y explicó que en los orígenes de este trabajo situado a comienzos de 2014 comenzó a entenderse una necesidad: “Una vez reconstruida las características del aparato represivo, identificamos que no estaba disponible un insumo para entender el universo del colectivo de víctimas entre los trabajadores”. “Ante la lectura de todos los casos juntos nos encontramos en condiciones de explicar la clara responsabilidad de un sector del empresariado en los crímenes que tuvieron a estas víctimas”, explicó. “Por eso decimos que la palabra ‘participación’ o ‘complicidad’ a priori no resulta correcta para la comprensión de los crímenes en estas intervenciones.” El informe encontró “un patrón común en las prácticas represivas y una estrategia común de disciplinamiento laboral de terrorismo de estado”. Marca distintas formas de disciplinamiento de las fábricas en las que se encuentra el extremo de haber tenido centros clandestinos de detención. Pero también hubo formas más invisibilizadas, como la entrega de listas, el señalamiento de blancos o delegados, listas de direcciones, fotos, legajos personales o apoyo de logísticas. En esos “patrones de recurrencia” encontraron que 88 por ciento de las empresas hubo secuestros o despedidos; 76 por ciento entregó información privada de los trabajadores; 72 por ciento tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52 por ciento de las firmas hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores. “En este sentido evidencian las distintas formas de combinación de prácticas empresariales y militares del terrorismo de estado que tuvieron como víctimas a los trabajadores.”

Verbitsky trazó líneas de continuidad entre los intentos de disciplinamiento del 55, 66 y 76 pero también con este momento. “Se requirió de la máxima violencia estatal para lograr quebrar la resistencia de los trabajadores de 20 años previos al golpe –dijo–. Es del 76, no es del 55 cuando no pudieron. Y tampoco pudieron en el 66 porque hubo resistencia, organización, lucha. Por eso aplicaron a partir de 1976 la máxima violencia, para producir resultados que procuraron transformar definitivamente la estructura social, productiva, la conciencia de la sociedad para siempre. Ese golpe tuvo una misión refundacional.” Este momento, cuando llega la presentación de este informe, tiene, dijo, puntos de confluencia con ese 1976. “Hay puntos de contacto pero me interesa señalar las diferencias.” Habló del crecimiento de la industria frente al saldo de 20.000 fábricas cerradas que dejó la dictadura. Del incremento de puestos de trabajo, del crecimiento del producto bruto industrial, de la distribución de la riqueza. Ahora, frente a las manifestaciones de ciertos sectores que avanzan, “sin esos niveles de violencia no van a poder hacer lo que hicieron –dijo– porque la democracia tiene restricciones, que son claras y concretas”.