TELAM - Las patronales empresarias tuvieron una responsabilidad y un protagonismo que exceden la mera complicidad en la represión a los trabajadores durante la dictadura, de la que fueron protagonistas, concluyó una investigación que abarcó 25 establecimientos, en su mayoría fabriles, dedicados a diversas actividades productivas en varias refiones del país.
"Esa es la conclusión más importante" del estudio realizado sobre 25 importantes empresas de capital nacional o extranjero entre cuyos trabajadores se contabilizan cerca de 900 víctimas, de las cuales 345 están desaparecidas y 65 fueron asesinadas, dijo a Télam la historiadora Victoria Basualdo (Conicet-Flacso), una de las coordinadoras del equipo de investigación integrado por cuatro organizaciones.
Estos empresarios "no fueron una ayuda, no fueron subsidiarios o cómplices, sino que fueron protagonistas de este proceso represivo” durante la última dictadura, subrayó Basualdo sobre el diagnóstico compartido por las organizaciones que emprendieron el estudio: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia.
En dos tomos que suman un millar de páginas, la presentación del informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado" se realizará hoy en el auditorio "Emilio Mignone" de la sede de Flacso en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
“El diseño que nosotros hicimos fue tratar de abordar una serie de casos, que terminaron siendo 25", entre los cuales se cuentan varios "en los que ya había pruebas de este involucramiento a nivel judicial y a nivel histórico, investigados individualmente pero no en forma comparativa, sistemática y simultánea", explicó Basualdo.
El equipo interdisciplinario, integrado por 20 investigadores y que contó con gran número de colaboradores, trabajó tanto en torno a casos en los que existían "aportes significativos previos y en otros, como algunos de los ingenios azucareros de Tucumán, que habían sido vistos como parte de la represión que comienza con el Operativo Independencia, pero nunca habían sido analizados en términos de la participación de algunos de estos dirigentes empresariales en el proceso represivo”, explicó Basualdo.
"Entonces, esta investigación nos permitió avanzar sobre algunos de los casos clásicos, con un abordaje sistemático y aportes originales, pero también incorporar nuevas aproximaciones de enorme valor, como el caso de La Fronterita y otros ingenios, en un momento en el que se están desarrollando juicios en torno al Operativo Independencia" del terrorismo de Estado que comenzó en Tucumán en febrero de 1975, relató.
Copia del informe del estudio realizado durante un año y medio sin financiamiento específico para la investigación fue entregada esta semana a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat.
"Sin duda el trabajo de investigación tuvo el objetivo aportar a un proceso de justicia, con el cual las cuatro instituciones se sienten profundamente identificadas y que se proponen apoyar en todas las formas posibles", señaló Basualdo.
Pero antes que una intervención "en ese desarrollo judicial a partir de esta investigación, estamos en todo caso estableciendo un diálogo con ese proceso de justicia", puntualizó.
"Estamos proveyendo una interpretación histórica, en diálogo con el proceso de justicia pero sin restringir la mirada a las categorías y consideraciones que se derivan del campo judicial", señaló la entrevistada.
Consultada sobre casos en los surge evidencia, incluido el testimonio de sobrevivientes, sobre la participación de algunos dirigentes de sindicatos en la represión a trabajadores y delegados de base en las empresas, Basualdo recordó que “el foco central de esta investigación fue dilucidar el papel de las dirigencias empresariales en un conjunto de casos”, sin omitir “una serie de registros sobre fenómenos que están conectados" pero que exigirán otras investigaciones.
Subrayó además que, más allá de los registros incluidos en esta investigación "sobre la participación de sindicalistas en los procesos represivos y de la actuación de corrientes sindicales con distintas actitudes ante la represión, hay una línea innegable de política antiobrera y antisindical en la dictadura”.
Del mismo modo, indicó que el objeto central de la investigación "no fue el campo amplio de relaciones muy fuertes que existieron entre núcleos del poder económico con la dictadura, sino específicamente el involucramiento de direcciones empresariales en la represión”.
En este orden aludió al papel que tuvieron "como los grandes apoyos de la dictadura" empresarios como José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del régimen entre 1976 y 1981, y Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, uno de los casos clásicos incluidos en la investigación sobre la represión a trabajadores.
En la etapa previa al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 "existía en este sector empresarial una enorme alarma por el nivel de poder obrero y por el nivel de movilización sindical, y también por la relación que esta clase obrera tenía con sectores de la militancia política y política-militar", sostuvo Basualdo.
“Ahí es donde nosotros vemos la coincidencia estratégica en la política represiva entre los mandos militares y la dirigencia empresarial, y esta es la causa de semejante participación activa y protagónica en el proceso represivo", concluyó.
Estos empresarios "no fueron una ayuda, no fueron subsidiarios o cómplices, sino que fueron protagonistas de este proceso represivo” durante la última dictadura, subrayó Basualdo sobre el diagnóstico compartido por las organizaciones que emprendieron el estudio: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia.
En dos tomos que suman un millar de páginas, la presentación del informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado" se realizará hoy en el auditorio "Emilio Mignone" de la sede de Flacso en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
“El diseño que nosotros hicimos fue tratar de abordar una serie de casos, que terminaron siendo 25", entre los cuales se cuentan varios "en los que ya había pruebas de este involucramiento a nivel judicial y a nivel histórico, investigados individualmente pero no en forma comparativa, sistemática y simultánea", explicó Basualdo.
El equipo interdisciplinario, integrado por 20 investigadores y que contó con gran número de colaboradores, trabajó tanto en torno a casos en los que existían "aportes significativos previos y en otros, como algunos de los ingenios azucareros de Tucumán, que habían sido vistos como parte de la represión que comienza con el Operativo Independencia, pero nunca habían sido analizados en términos de la participación de algunos de estos dirigentes empresariales en el proceso represivo”, explicó Basualdo.
"Entonces, esta investigación nos permitió avanzar sobre algunos de los casos clásicos, con un abordaje sistemático y aportes originales, pero también incorporar nuevas aproximaciones de enorme valor, como el caso de La Fronterita y otros ingenios, en un momento en el que se están desarrollando juicios en torno al Operativo Independencia" del terrorismo de Estado que comenzó en Tucumán en febrero de 1975, relató.
Copia del informe del estudio realizado durante un año y medio sin financiamiento específico para la investigación fue entregada esta semana a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat.
"Sin duda el trabajo de investigación tuvo el objetivo aportar a un proceso de justicia, con el cual las cuatro instituciones se sienten profundamente identificadas y que se proponen apoyar en todas las formas posibles", señaló Basualdo.
Pero antes que una intervención "en ese desarrollo judicial a partir de esta investigación, estamos en todo caso estableciendo un diálogo con ese proceso de justicia", puntualizó.
"Estamos proveyendo una interpretación histórica, en diálogo con el proceso de justicia pero sin restringir la mirada a las categorías y consideraciones que se derivan del campo judicial", señaló la entrevistada.
Consultada sobre casos en los surge evidencia, incluido el testimonio de sobrevivientes, sobre la participación de algunos dirigentes de sindicatos en la represión a trabajadores y delegados de base en las empresas, Basualdo recordó que “el foco central de esta investigación fue dilucidar el papel de las dirigencias empresariales en un conjunto de casos”, sin omitir “una serie de registros sobre fenómenos que están conectados" pero que exigirán otras investigaciones.
Subrayó además que, más allá de los registros incluidos en esta investigación "sobre la participación de sindicalistas en los procesos represivos y de la actuación de corrientes sindicales con distintas actitudes ante la represión, hay una línea innegable de política antiobrera y antisindical en la dictadura”.
Del mismo modo, indicó que el objeto central de la investigación "no fue el campo amplio de relaciones muy fuertes que existieron entre núcleos del poder económico con la dictadura, sino específicamente el involucramiento de direcciones empresariales en la represión”.
En este orden aludió al papel que tuvieron "como los grandes apoyos de la dictadura" empresarios como José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del régimen entre 1976 y 1981, y Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, uno de los casos clásicos incluidos en la investigación sobre la represión a trabajadores.
En la etapa previa al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 "existía en este sector empresarial una enorme alarma por el nivel de poder obrero y por el nivel de movilización sindical, y también por la relación que esta clase obrera tenía con sectores de la militancia política y política-militar", sostuvo Basualdo.
“Ahí es donde nosotros vemos la coincidencia estratégica en la política represiva entre los mandos militares y la dirigencia empresarial, y esta es la causa de semejante participación activa y protagónica en el proceso represivo", concluyó.