Una investigación sobre...

la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Dulce dictadura

APA PRENSA - El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” devela el rol de dos ingenios azucareros de Tucumán, La Fronterita y el Concepción, para la desaparición, secuestro y asesinato de obreros en el período previo y durante la última dictadura cívico-militar. Por Sebastián Lorenzo Pisarello, redacción APA!

Ingenio La Fronterita
Desarticular la organización obrera con el fin de multiplicar las ganancias empresariales. Esa fue la causa y la consecuencia por la cual al menos dos ingenios azucareros colaboraron activamente para la desaparición, secuestro y asesinato de cerca de 51 trabajadores entre mediados de 1974 y principios de 1978.

Se trata de los ingenios La Fonterita y Concepción, según el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, que explica la responsabilidad que asumió un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Allí, se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de 25 firmas de todo el país, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión. También se destacán los beneficios económicos que recibieron ambos grupos a partir de sus relaciones con los dictadores.

El Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina) trabajaron en el informe que se presentó el jueves 3 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires.

De las 25 firmas investigadas, dos pertenecen a Tucumán.

El descabezamiento mediante la represión de cuerpo de delegados y comisión directiva de los ingenios les permitió a las empresas azucareras la drástica disminución de su planta de trabajadores y al mismo tiempo ganancias extraordinarias. La tenacidad de las luchas obreras representaba un obstáculo insuperable para lograr estos cometidos. Por eso, les resultó necesario apelar a la represión exagerada, inhumana. La connivencia entre la dictadura e importantes sectores del empresariado revela con claridad los reales objetivos que perseguía el golpe de Estado de 1976.

Esa es la conclusión que puede encontrarse en los dos capítulos incluidos en el tomo II del informe.

La Fronterita

“El ingenio La Fronterita, propiedad de José Minetti& Cía. Ltda. S. A., fue uno de los dieciséis ingenios azucareros que funcionaron durante el período 1974-1983 en Tucumán. Al menos veinticinco obreros de la empresa fueron víctimas de lesa humanidad, en un rango temporal que ocurrió entre el 13 de junio de 1974 y el 20 de septiembre de 1976. Del total de víctimas, dos fueron asesinados, nueve desaparecidos, catorce secuestrados y posteriormente liberados y al menos siete habían integrado la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del sindicato”, explica el informe.

Es importante mencionar el aporte económico realizado por La Fronterita al Fondo Patriótico Azucarero creado durante el gobierno dictatorial de Antonio Domingo Bussi. Una investigación periodística calcula que el aporte al Fondo fue de cuatrocientos mil dólares. Una contribución sustanciosa otorgada por el grupo Minetti a la dictadura.

En este sentido, explica que en 1975 la administración del ingenio La Fronterita estaba a cargo de Camilo Bergero, mientras que José Antonio Minetti revestía el carácter de representante legal como presidente del directorio de José Minetti y Compañía Ltda. S.A., titular de dicho ingenio. Bajo su administración, durante la zafra de 1976, según datos oficiales de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar, el total de personal empleado había sido de 1.454 trabajadores de planta permanente. Un año después, en la zafra de 1977, se registró una disminución de doscientos noventa obreros en La Fronterita. Al finalizar la dictadura, en 1983, el sindicato obrero de fábrica y colonia del Ingenio La Fronterita registraba seiscientos cincuenta trabajadores. Todo lo cual sirvió para engrosar las ganancias de la empresa.

Para eso, tuvieron que arrasar con una Comisión Directiva y cuerpo de delegados combativos, que habían atravesado desde principios de los ’70 distintos conflictos con la empresa por mejores condiciones de trabajo y también fueron activos protagonistas de las huelgas obreras del período. Sin esta estrategia, los empresarios hubiesen tenido que enfrentarse democráticamente a los trabajadores organizados a través de un poderoso cuerpo de delegados y una combativa comisión directiva. Algo inaceptable para quienes usurparían el poder con el fin de implementar un modelo económico, político y cultural contrario a los intereses obreros.

El Operativo Independencia, lanzado en febrero de 1975 por el gobierno de Isabel Perón, fue un ensayo de lo que luego se profundizaría a partir del 24 de marzo de 1976. Se desplegó en aquél entonces una trama represiva sobre la zona de Famaillá, que fue uno de los puntos geográficos estratégicos del terrorismo de Estado. “En cuanto a los centros clandestinos de detención, hacia el sudeste se encontraba el del ingenio La Fronterita, a poco más de siete kilómetros se encontraba el del ex ingenio Santa Lucía; y hacia el sudoeste, casi a diez kilómetros, estaba el del ex ingenio Nueva Baviera”, indica el informe.

Diversos indicios y evidencias señalan la responsabilidad de la empresa La Fronterita en la comisión de crímenes de lesa humanidad. “Minetti y el administrador del ingenio mandaron a secuestrar a un obrero. Además la empresa otorgó a las fuerzas represivas parte de su propiedad para que sea utilizada como Centro Clandestino de Detención, con expreso conocimiento por parte de la empresa de que allí se torturaba y se secuestraba a obreros y otras personas más. También la empresa suministró personal para la realización de los señalamientos de los obreros que debían ser secuestrados y también aportó medios de transportes en los que eran secuestradas las víctimas A ello debe agregarse el análisis sobre los beneficios obtenidos por La Fronterita, amparada en la nueva trama represiva y legal, que le permitió aumentar la producción a través de la incorporación de un nuevo ingenio, el Bella Vista, a su grupo económico”, plantea el informe.

O sea, la investigación muestra concluyentemente la participación de la empresa en los secuestros, torturas y desapariciones de obreros a través de la provisión de recursos logísticos y materiales para garantizarse las ventajas económicos que recibió el grupo Minetti en Tucumán durante el período dictatorial, entre los que se destaca el importante crecimiento de sus ganancias como así también la obtención del ingenio Bella Vista.Además, la empresa cedió además espacios físicos a las Fuerzas Armadas que fueron utilizados como centros clandestinos de detención y tortura.

La escalada represiva apuntó centralmente contra la dirigencia del sindicato. “El hecho de que aproximadamente la mitad de los veinticinco obreros del ingenio La Fronterita, víctimas de crímenes de lesa humanidad, integraban la Comisión Directiva o el Cuerpo de Delegados del sindicato de obreros de fábrica y surco La Fronterita enseña el especial interés empresarial y militar en desarmar la organización gremial de los trabajadores. No casualmente fueron hostigados las máximas autoridades del sindicato, entre ellos el secretario general y el secretario adjunto electos a fines de 1975 y el secretario general del período anterior a 1975. Todos ellos además protagonistas de la huelga azucarera de 1974”, explica el informe.

¿Con qué objetivo se hizo todo esto? hay que referirse a los beneficios que obtuvo la empresa durante el período 1976-1983. En dicho lapso, el ingenio La Fronterita aumentó su producción en un 30,72%. Este aumento se vio potenciado cuando hacia 1979 el grupo Minetti, en medio del desguace de la Conasa se quedó con el ingenio Bella Vista. Esta empresa estatal había sido creada a fines del turno dictatorial de Onganía, dirigida por ingenieros militares y conformada en Tucumán por cinco ingenios, tres incautados a la Compañía Azucarera Tucumana (Santa Rosa, La Trinidad y Florida) y luego de importantes luchas los trabajadores consiguieron que los ingenios Bella Vista y San Juan se incorporaran a Conasa a fines de 1970.

En noviembre de 1979, el ingenio Bella Vista retornó a manos privadas al ser adjudicada por licitación a la entidad formada por José Minetti y Cía. S.A. y Alcogas S.A.C.I.F.I.A., adoptando la denominación de Complejo Integral Azucarero S.A., dedicándose exclusivamente a la fabricación de azúcares y alcoholes. Ello implicó para el grupo Minetti tener dos ingenios azucareros en Tucumán. El ingenio Bella Vista aumentó su producción en un 34,29% durante el período dictatorial.

Por otra parte, los cambios producidos en el empleo también fueron significativos en el ingenio La Fronterita, con un importante descenso de la mano de obra empleada, especialmente entre los obreros que realizaban trabajo en los surcos. A partir del golpe de Estado se profundizó considerablemente la tendencia de despoblamiento y desarme de las colonias del ingenio.

De esta manera, en la actualidad, La Fronterita contrasta con lo que había sido antes de la dictadura. Pasó de ser un pueblo con miles de habitantes que rodeaban al ingenio azucarero a un establecimiento fabril aislado, sin población circundante. De aquel Cuerpo de Delegados de las colonias ya no queda nada. En ese sentido, Julio Fermín Rufino Gerez quien desde 2011 es el secretario general de los obreros del ingenio La Fronterita, señala que en la actualidad “…solamente hay siete u ocho afiliados del surco, no tenemos más, por lo cual no tienen delegados”. La organización quedó completamente desmantelada.

Actualmente, el ingenio y la refinería siguen funcionando bajo control de la empresa José Minetti y Cía. Ltda., que posee también el ingenio Bella Vista y el Molino San José con su planta fraccionadora y empaquetadora de harina. Posee además dos destilerías: La Fronterita (inaugurada en 1990) y Bella Vista con una producción que asciende a unos cien mil litros diarios de alcohol etílico.

Ingenio Concepción 
Otra empresa que tuvo lugar en el informe es el Ingenio Concepción, que entre 1974 y 1983 perteneció a la Compañía Azucarera Concepción. Este era el ingenio más importante de Tucumán en aquél momento y continúa siéndolo hasta la actualidad. Allí, al menos veintiséis trabajadores fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. De ellas, veintiuna se encuentran desaparecidas y al menos once integraban la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del sindicato. La primera víctima fue secuestrada el 7 de enero de 1976, coincidente con el período de Antonio Domingo Bussi a cargo del “Operativo Independencia”, y la última fue secuestrada el 10 de marzo de 1978 durante la gobernación de facto de Montiel Forzano.

El Concepción fue el ingenio que más acrecentó su producción de azúcar durante el período dictatorial, aumentando en 63.448 toneladas, equivalente a un 42% de lo que produjo en 1976. El importante crecimiento del ingenio Concepción se refleja también en el incremento de la caña propia procesada en esos años. Desde 1966 la cantidad de caña propia molida por el ingenio Concepción creció sustancialmente, pasando de 220.860 toneladas en 1966 –que representaban el 18,86% del total de caña procesada- a 847.064 toneladas en 1983 –que representaban el 21,62% del total de caña molida.

Sin embargo todo lo anteriormente descripto toma real dimensión si se tienen en consideración la diferencia entre la cantidad de obreros que antes del golpe de Estado trabajaban en la fábrica y el número final de obreros durante el período dictatorial, lo que nos muestra cabalmente la intrínseca relación entre la compañía azucarera del Concepción con las fuerzas militares. De los 16 ingenios existentes en la provincia en esos momentos, el ingenio Concepción era el que mayor mano de obra empleaba. Durante la zafra de 1976 el total de personal empleado en la industria azucarera tucumana había sido de 22.605 personas. El ingenio Concepción había empleado 5.077 trabajadores. Ello significaba que el personal empleado del ingenio Concepción representaba un 22,5% del total. Durante la zafra siguiente en 1977, el número de empleos se redujo abruptamente: la cantidad de trabajadores disminuyó en un 56% aproximadamente, quedando un total de 2.279 personas. La caída abrupta se registró en los obreros de fábrica y de surco.

Otro hecho significativo fue la reducción de paros registrados también por la Cámara Gremial de Producción de Azúcar. Así en 1974, año de la huelga azucarera, el tiempo perdido por paro obrero para el ingenio Concepción fue de 25 días (sobre un total de 76 días perdidos, lo que representa un 33%). Si tenemos en cuenta la lucha previa de la FOTIA en la que se destacó especialmente la Comisión Directiva del sindicato y el Cuerpo de Delegados del ingenio Concepción que se oponían a la pérdida de puestos de trabajo y al ingreso de la máquina integral con la consigna de “un obrero y medio por cada 1.000 surcos de caña”, se puede entender el interés del empresariado del ingenio Concepción en desarticular la organización sindical. Este objetivo fue concretado a través del secuestro y desaparición de sus dirigentes obreros.

Entonces la empresa pudo aumentar la eficiencia y la productividad, ya que con un 56% menos de obreros incrementó su producción.

En los años previos a la dictadura de 1976, los obreros azucareros del Ingenio Concepción se encontraban en un proceso de reorganización del sindicato bajo la dirección de una Comisión Directiva combativa. Contaban además con un poderoso Cuerpo de Delegados, que se distinguía por la significativa cantidad de representantes, su organización y la participación de distintas corrientes políticas. Estas formas les posibilitaron a los obreros de fábrica y de surco protagonizar importantes luchas, en las que ocuparon en distintas oportunidades el Ingenio y llegaron a paralizar la molienda, obteniendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.

Los trabajadores de este ingenio habían sido protagonistas de la gran lucha de 1974, donde la FOTIA, a través de su Congreso de Delegados Seccionales, determinó un paro de más de dos semanas en pleno período de zafra, ocasionando grandes pérdidas económicas a las empresas azucareras y conquistando grandes logros para los obreros.

“Precisamente aquellas conquistas obtenidas por los obreros del ingenio Concepción a través del Cuerpo de Delegados y de la Comisión Directiva fueron las que la dirección empresarial azucarera se propuso erradicar de cuajo.

“La Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Ingenio Concepción fueron completamente descabezados mediante la represión. Esto le permitió a la empresa azucarera la drástica disminución de más de la mitad de su planta de trabajadores y al mismo tiempo ganancias extraordinarias. Esos beneficios económicos estuvieron acompañados por un estrecho vínculo político entre Bussi y la familia propietaria del ingenio, los Paz. A la vez se comprobó el aprovisionamiento de camionetas del ingenio y del suministro de información de inteligencia para la represión y la desaparición de obreros dentro de la propiedad de la empresa”, relata el informe.

Así, con el golpe de Estado comenzará otra etapa en la historia del sindicato de obreros de fábrica y de surco del ingenio Concepción en la que, al igual que el resto de las organizaciones sindicales azucareras, sus dirigentes sindicales más representativos junto a obreros de base sufrieron el hostigamiento de las fuerzas represivas”.

Entre las pruebas que demuestran la connivencia entre la empresa y la Dictadura, el informe destaca los “operativos realizados con las camionetas del ingenio, secuestros llevados adelante dentro de las instalaciones o propiedades de la empresa, utilización de la infraestructura para la planificación y operación militar, se suman a las evidencias que constituyen los estrechos vínculos personales e institucionales que hicieron de los Paz y los militares en Tucumán agentes coaligados de la represión. A ello debe sumarse el análisis sobre los beneficios obtenidos por la empresa amparada en la nueva trama represiva y legal, que le permitió aumentar sustancialmente la producción y achicar al mismo tiempo el plantel obrero a la mitad.

Una parte de la infraestructura utilizada por las fuerzas militares para la represión fue suministrada por el ingenio Concepción. Ello se vio claramente en la provisión de camionetas para el secuestro de personas, inclusive de personas ajenas a la empresa pero con una militancia política en el lugar”.

Además, la empresa brindó información de inteligencia al Departamento D.2 de Jefatura de Policía a través de su empresa de seguridad privada ECOS S.A. Ello quedó demostrado a partir de la documentación en junio de 2010, presentada por el testigo Juan Carlos Clemente en el marco del juicio Jefatura I, por el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La Jefatura.

Prestación de camionetas y de infraestructura para planificación y ejecución de hechos, establecimiento de una comunidad informativa con agencias del Estado Terrorista, presencia militar, son algunas de las más importantes evidencias respecto de la responsabilidad empresarial en la comisión de crímenes de lesa humanidad. A ello hay que agregar los obreros que fueron secuestrados dentro de propiedades del ingenio. Se registraron entonces al menos trece obreros del surco que fueron secuestrados de la propiedad del ingenio sin que la compañía azucarera denuncie estos hechos. Ellos representan el 50% de las veintiséis personas trabajadoras del ingenio Concepción que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Estos hechos deben analizarse a la luz de los estrechos vínculos existentes entre la familia dueña del ingenio y los militares, tal como se hizo mención al señalar la presencia de Bussi en el predio empresarial. Dos datos sobresalen en este sentido. En primer lugar, debe pensarse el significativo aporte que otorgó la Compañía Azucarera Concepción al Fondo Patriótico Azucarero de Bussi. López Echagüe señala que Luis Manuel Paz Nougues fue “… uno de los pilares del Fondo Patriótico Azucarero -suerte de aristocracia cooperativa que fomentó y respaldó las obras públicas de Bussi-…”. El Concepción fue el ingenio que más aportó al Fondo, con un monto que según el periodista fue de US$ 700.000. Si bien CONASA aportó US$ 900.000, no sólo tenía todavía carácter estatal, sino que era un conglomerado de cinco ingenios. Finalmente, hay que mencionar las fotografías en las que Bussi aparece junto a Luis Manuel Paz, en cuyo epígrafe se indica “El Gobernador militar visitando los enfermos en nuevo Hospital de El Bracho, junto a su dilecto amigo el Ing. Luis Manuel Paz…”.

No fue casualidad que la dirección combativa del sindicato del ingenio Concepciónhaya sido desarticulada. Eso tenía una misión.